La mejor definición y evaluación de una sociedad son los servicios públicos que presta a sus ciudadanos. La calidad y la equidad del acceso a los mismos son un indicador del desarrollo democrático. Los progresos realizados en España en los últimos 40 años en el ámbito de los servicios públicos han sido fundamentales para la transformación del país y la consolidación de una democracia avanzada, con índices de calidad de vida homologables e incluso superiores en algunos casos a los que disfrutan las naciones más desarrolladas. De hecho, la redistribución de la riqueza en España se produce en un 80% por transferencia vía prestación de servicios a partir de presupuestos públicos. Por lo tanto, la eficiencia en el desempeño de esos servicios es fundamental para garantizar la sostenibilidad del modelo social.
La complejidad de la situación actual exige soluciones imaginativas y, sobre todo, colaboración y complicidad entre los diversos agentes políticos, sociales y económicos, cierta capacidad de empatía, respeto y control de la iniciativa privada, así como la búsqueda de alianzas en pro del bienestar común. La voluntad de poner al ciudadano en el centro de la reflexión a la hora de trazar la hoja de ruta de la gobernanza local, buscando planteamientos de eficacia y redistribución de la riqueza, es el fundamento del éxito de las políticas de Colaboración Público Privada
En este sentido, conviene subrayar que la Colaboración Público Privada (CPP) es una construcción teórica, política y económica de la izquierda comunista europea, y singularmente de la italiana, tras la Segunda Guerra Mundial para la puesta en marcha de servicios públicos urbanos a disposición de los ciudadanos, para mejorar sus condiciones de vida. Es fruto de una reflexión que permitió evolucionar a la izquierda italiana, alejándose de cualquier dogmatismo ideológico, para gestionar el presente sin dejarse contaminar por el populismo, sea de izquierda o derecha.
El caso paradigmático y arranque de esta política se sitúa en Bolonia (Italia), una de las ciudades de Europa mejor gobernadas desde 1945 prácticamente siempre por el PCI (después Partido Democrático de la Izquierda) y sus aliados. Los dirigentes locales nunca criminalizaron ni a empresas ni a empresarios, sino que los consideraron un motor de desarrollo y creación de riqueza. Renato Zangheri, que fue alcalde entre 1970 y 1983, aseguraba que “en Bolonia, los comunistas habían demostrado que sabían gobernar democráticamente, respetando la autonomía de todas las fuerzas políticas y sociales”.
La historia funciona por acumulación y se estaba prefigurando un cambio en las necesidades de los ciudadanos, pero también en la búsqueda de respuestas adecuadas y operativas, lejos de la demagogia y el ideario populista, que se sitúa claramente frente a ese modelo, es involucionista y dista mucho de ser progresista.
Los gestores de Bolonia pusieron el énfasis, desde el principio, en crear y desarrollar las necesarias herramientas de planificación, control y supervisión para una buena gestión que permitiese un mejor control presupuestario y el desarrollo de servicios sociales. La posibilidad de aplicar una política de Colaboración Público Privada se traduce así en una gobernanza que exige capacidad de delegar, supervisar y controlar los servicios urbanos cedidos a la gestión de terceros, respetando y haciendo respetar derechos y obligaciones individuales y colectivas.
Desde finales de los años 40, la política de Colaboración Público Privada fue un ejemplo a seguir de la importancia en política de hacer un buen diagnóstico de la situación, concitar consensos y ejercer con valentía y sensibilidad la capacidad del poder público para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. De hecho, la administración municipal boloñesa encargó a expertos locales identificar con rigor las tareas y servicios donde la colaboración con el sector privado permitiera detraer recursos públicos para dedicarlos a nuevos sectores prioritarios.
Carece de sentido que la izquierda española, quien más ha gobernado en la España democrática, adolezca ahora de desmemoria y practique un adanismo propio del populismo recién llegado para hacerse un sitio bajo el sol. La expansión y el desarrollo de los servicios públicos como mejor garantía de las condiciones de vida y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos en nuestro modelo social, fueron siempre una prioridad en los programas de los partidos democráticos.
Lamentablemente, en los últimos años, el populismo se ha dedicado a denostar, cuando no a destruir, muchos de los logros de los años de democracia, tanto desde el sectarismo ideológico como desde el marketing partidista más irresponsable. El peor efecto de ese populismo es que genera división y enfrentamiento, pone en riesgo servicios que funcionan bien, empresas con historia y conocimiento, la estabilidad laboral de miles de trabajadores y, en definitiva, en la práctica, los derechos de millones de ciudadanos.
No hace falta decir, pero por si acaso lo decimos, que esta preocupación no significa que no sea posible una gestión pública excelente de los servicios. Sin embargo, lamentablemente se aprecia una tendencia populista a identificar la identidad de la izquierda con la gestión y la titularidad públicas, a veces ineficiente y costosa, en lugar de con unos objetivos de progreso y proyectos de futuro basados en transparencia de méritos, rentabilidad y eficacia del sistema.