La Colaboración público privada en Colombia, un país de oportunidades - EL ÁGORA DIARIO

La Colaboración público privada en Colombia, un país de oportunidades

La inversión pública en Colombia en el período 2010-2016 ha tenido un crecimiento superior al 61% y, con el horizonte 2030, serán necesarios 7.000 millones de dólares para poner las infraestructuras a la altura de las necesidades del país. El economista Lorenzo Dávila desgrana las claves del futuro de esta región, donde la colaboración público privada tendrá mucho que decir

Lorenzo Dávila Director General de OSUR y profesor de Economía en la Universidad Carlos III


Colombia es una economía que en “números gordos” presenta un buen comportamiento. En 2019 presentó un crecimiento del PIB de 3,4% respecto a 2018, ubicándose en el 7 puesto entre los países con mayor crecimiento dentro de la OCDE, con unas exportaciones 39.460 millones e importaciones por 52.702 millones de USD en 2019. Geopolíticamente está vinculado como socio global en la OTAN y ha sido aceptado como nuevo integrante de la OCDE. En cuanto a estabilidad macroeconómica la inflación (3.8%) terminó por encima de la meta en 2019, principalmente por choques de oferta transitorios y algún efecto de la depreciación. Se esperaba convergencia hacia la meta en 2020, pero como el resto de las economías la coyuntura sanitaria y económica que se atraviesa actualmente a causa de COVID-19 tendrá un impacto en su economía del -2,4% en el PIB para 2020 y recuperará un 3,7% en 2021 según FMI.

Lo anterior sumado a la contracción del precio del petróleo ha debilitado el perfil externo de Colombia dado los menores ingresos por exportaciones esperados que a marzo de 2020 fueron de 8.756,6 millones de USD FOB (en 2018 Colombia tuvo el quinto mayor crecimiento en exportaciones de la región contando con acuerdos comerciales firmados con mas de 60 países).

Esta coyuntura se refleja en un ascenso desde mínimos históricos en enero (75pb) del CDS 5 años de Colombia que llegó en marzo hasta los 350pb, por tanto se generan expectativa de mayores niveles de endeudamiento (sobre el PIB: 58,8% en 2019, 46,2% en 2014, 43% en 2008) como resultado de las medidas necesarias para enfrentar los choques. No obstante, se mantiene acceso a mercados financieros (a mayor costo).

Vista aérea de Bogotá, Colombia.

En materia de estabilidad financiera, Colombia vive actualmente una expansión en cuanto a microcréditos, créditos al consumo (registro un crecimiento real anual a febrero de 13,1%, el más alto en siete años) y con la fuerte incursión de créditos de libre inversión. Con ello encontramos que a febrero de 2020 los activos de las Entidades de Crédito presentaron un incremento del 6,4%, todo esto en un entorno de política monetaria expansiva. En las reuniones de marzo y abril, de manera unánime, el Banco de la República  decidió disminuir la tasa de política monetaria en medio punto porcentual en cada una de ellas. La reducción de 100 pb en los dos meses situó la tasa en 3,25% actualmente, presentando los indicadores de calidad de riesgo (ICR 9,2%) y de mora (ICM 5%) unas disminuciones sostenidas en toda la cartera.

Las Entidades de Crédito actualmente mantienen indicadores estables de exposición de corto plazo, que les permiten cubrir faltantes de   liquidez en otras monedas en los niveles individual y consolidado. Sin embargo, se prevé un impacto en la rentabilidad sobre los activos (ROA) observando el mínimo ROA en un escenario estresado en el tercer trimestre de 2021 de -2,9% -actualmente se ubica en 1,6% a febrero, cerca de su promedio de los últimos cinco años-, mientras el ROE se ubica en media en el 13,5% (Superintendencia Financiera de Colombia, 2019).

Según las últimas pruebas de stress llevadas a cabo por el Banco de la República se lograría mantener los indicadores agregados de solvencia total y básica por encima de los mínimos regulatorios (la  solvencia  total  se  mantendría  por encima del 9%, la básica por encima del 4,5%) pese  a  la  severidad  del  escenario macroeconómico y a la consecuente reducción en su rentabilidad y capacidad para otorgar crédito. Lo anterior refleja la resiliencia de las entidades ante un escenario macroeconómico como el ocasionado por el COVID-19.

Dejando el “numero gordo” y avanzando en materia de inversiones, Colombia ocupa el puesto 67 de 190 países en el índice Doing Bussiness del Banco Mundial, lo cual no es una buena posición, sin embargo, la inversión pública en Colombia en el período 2010-2016 ha tenido un crecimiento superior al 61%. Del 2018 al 2019 ascendió un 20%, recuperando la senda de crecimiento perdida desde 2015 (entre 2015 y 2016 cayo un 11%) a causa de la reducción de los precios del petróleo que afecto negativamente los ingresos del Estado.

En esta materia, quien no conozca la orografía colombiana no se puede hacer una idea de los retos que esto supone para dar cobertura de servicios públicos. Por la propia extensión del territorio, esta situación resalta la necesidad de inversión en infraestructura la cual demanda de mecanismos mas eficientes para estar acorde a la demanda de las mismas. En el siguiente cuadro se observa la participación del sector privado y el potencial con que esta participación cuenta, así por ejemplo, la participación privada en el sector del agua es mínima y con algún peso relativo en el sector energético.

Fuente: Asociaciones Público Privadas en Infraestructura – APP en Colombia – Abril 2020, DNP.

La historia de las concesiones en Colombia no ha mostrado los resultados esperados tanto por temas de corrupción como “malas praxis”. Así, según el DNP, entre 1993 y 2012, previo a la entrada en vigor del actual marco regulatorio (Ley de Asociaciones Público Privadas 1508/2012), el costo promedio de las renegociaciones representaron en promedio al 280% del inicial de los contratos. Entre 25 concesiones evaluadas en el periodo se realizaron un total de 430 cambios en los contratos, lo que representa un coste fiscal de 5,6 billones de USD y 131 años, algo que deja al descubierto la seguridad operativa y jurídica de las mismas.

Sin embargo, el esfuerzo del Estado por mejorar la estructura de contratación para contener dicha corrupción y las malas praxis ha derivado en una serie de actualizaciones de la Ley de 2012 que, por ejemplo, eliminó los anticipos para ejecución, e hizo que el pago esté sujeto a la calidad y disponibilidad del servicio y se han limitado las adiciones de recursos al 20% del valor del contrato (CAPEX y OPEX incluidos).

Estos avances han posicionado según INFRASCOPE 2019 a Colombia en el segundo lugar en potencial dentro de la región para desarrollar APP, solo por detrás de Chile (puntos actuales 79), pasando de 59,6 puntos en 2012 en el ranking a los actuales 77. Por tanto, el entorno regulatorio, el marco institucional la madurez de la economía y la financiación se encuentran por encima de la media. Sin embargo, la capacidad de inversión y el clima de negocio es calificado como de economía emergente, en línea con el ranking Doing Business mencionado anteriormente.

Piedra Peñol, en la presa de Guatape, Antioquia, Colombia.

A nivel global, Procuring Infrastructure PPPs 2018 (Banco Mundial), ubica a Colombia en el tercer lugar de 135 países después de Reino Unido y Australia en cuanto a condiciones para el desarrollo de APP, resaltando el marco de estructuración de proyectos y de gestión. La regulación local abrió también un régimen para la formulación de proyectos de Iniciativas Privadas, el cual ha sido muy eficiente a la hora de atraer inversión privada hacia las necesidades de infraestructura en Colombia, dado que la Ley 1508 de 2012 establece procedimientos diferentes para la realización de una APP de iniciativa pública o de una APP de iniciativa privada.

Si observamos el sector del agua en particular, que es el que cuenta con menor inversión privada, se requieren, en un horizonte 2030, inversiones por 7.000 millones USD para la construcción de plantas de tratamiento de agua potable, reducción de perdidas y disminución de la brecha entre la calidad de los servicios en las ciudades y el entorno rural, el cual cuenta actualmente con una cobertura del 42%. En materia de saneamiento básico los requerimientos suponen una inversión de 3.400 millones de USD, ya que solo el 36% de las aguas residuales urbanas son tratadas, y cuyo objetivo es dotar de una cobertura del 100% tanto de alcantarillado como de tratamiento de aguas residuales. Algunas zonas cuentan con menos del 5% de tratamiento de sus aguas residuales domesticas tratadas y en materia de residuos solidos se requieren inversiones por 800 millones de USD.

Como dato en materia de vivienda, Colombia presenta un déficit de 3 millones de viviendas. En materia de salud se requieren de 81 mil camas para alcanzar el optimo internacional, que se ubica en 3,3 camas por 1.000 habitantes, y el promedio actual es de 1,61. Además, instalaciones sanitarias tienen de media 43 años y cerca del 64% de la superficie se encuentra deteriorada, lo que representa una inversión de 13.500 millones de USD.

Cartagena de Indias, Colombia.

Actualmente, Bogotá cuenta con el mayor número de proyectos de APP (95). A continuación, los departamentos líderes son Antioquia (39), Bolívar (30), Cundinamarca (27) y Santander (26), entre otros. Según el Registro Único de Asociaciones Público Privadas (RUAPP) a 4T-2019 tiene censados 777 proyecto, de los cuales 343 se encuentran en etapa de evaluación (76,68% iniciativa privada y el resto de iniciativa publica que equivalen al 23,32%). Los 434 restantes han sido declarados fallidos, desistidos por el proponente o declarados desiertos (55,85% del total).

Cabe destacar como caso de éxito en Colombia, el de Cartagena de Indias y la Colaboración Público Privada en la gestión del agua, siendo uno de los casos de éxito que normalmente se suele exponer como ejemplo de cómo una colaboración de este tipo puede ser un éxito. Por ejemplo, el propio Banco Mundial, en un seminario en Bruselas, expuso el caso de Cartagena y de cómo influyó en otros procesos de características similares tanto en Latinoamérica como en otras partes del mundo (Varela Barrios, 2007).

“Colombia, país de oportunidades para la inversión sostenible” sería la conclusión de estas líneas.


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