La gestión eficiente y sostenible del derecho humano al agua - EL ÁGORA DIARIO

La gestión eficiente y sostenible del derecho humano al agua

En medio de este desastre nacional, los servicios esenciales continúan funcionando. El sector del agua se ha convertido en un ejemplo tanto de competencia para salvaguardar la salud de los trabajadores, como de buen hacer para garantizar la continuidad del servicio. El economista Lorenzo Dávila reflexiona sobre los retos de un sector que garantiza la solidaridad con la población vulnerable

Lorenzo Dávila Director General de OSUR y profesor de Economía en la Universidad Carlos III


Pasa el tiempo, la realidad se va imponiendo y, lamentablemente, es desoladora. A la tragedia humana que asola a decenas, o cientos de miles de familias en toda España por la muerte de personas queridas, o por las secuelas de la enfermedad que llamamos Covid-19, se añade una crisis económica como no hemos conocido desde la Guerra Civil española. En dos meses se ha destruido más tejido económico que en toda la crisis del 2008. El déficit se está disparando por encima de los dos dígitos, y la deuda del Estado al final de 2020 requeriría, si quisiéramos pagarla, un año y medio del trabajo de toda España.

Sin embargo, en medio de este desastre nacional, los servicios esenciales continúan funcionando. Ha sido y sigue siendo así con el servicio de agua y saneamiento en el que sus trabajadores, sin poner directamente sus vidas en riesgo como sí hacen los trabajadores de la sanidad, han demostrado que su compromiso es también absoluto. El sector se ha convertido en un ejemplo tanto de competencia para salvaguardar la salud de los trabajadores, como de buen hacer para garantizar, al mismo tiempo, la continuidad de un servicio esencial, no sólo para la vida, sino específicamente para superar la pandemia por el nuevo coronavirus. Tengamos en cuenta que, por su condición de servicio público esencial, el sector ha ejecutado acciones para incrementar los mecanismos habituales que garanticen la prestación universal del servicio y la solidaridad en todos los aspectos. A fin de cuentas, de eso se trata, de sumar.

Técnico de una infraestructura hidráulica en su puesto de trabajo durante el Estado de Alarma.

Seamos conscientes de que, en un futuro inminente, la propia sostenibilidad del Estado español depende de la capacidad que tengamos para seguir ofreciendo los servicios públicos que nos definen como sociedad avanzada y democrática, sin incrementar la deuda del Estado, entendido éste como el conjunto de sus administraciones. Tengamos en cuenta que, por desgracia, la crisis sanitaria y el subsiguiente parón económico, suponen una situación de estrés financiero para los ayuntamientos, debido a la reducción de los ingresos vía impuestos y a los números rojos que están acumulando algunas empresas públicas de prestación de servicios. En algunos ayuntamientos, el superávit acumulado podrá paliar una situación que, en todos, se ha vuelto particularmente delicada.

La solución no es, desde luego, aumentar la deuda como principio, sino todo lo contrario: una gestión transparente, que visibilice y cubra los costes, como pide la Unión Europea, y unos mecanismos tarifarios que garanticen la solidaridad con los vulnerables. Tanto en el agua como en todos los servicios públicos.

“En tiempos de desolación no hacer mudanza”. Y desolados como estamos y estaremos, hay que procurar guardar las haciendas municipales, justo para poder atender en sus precariedades a los necesitados, que se están convirtiendo en legión en pocas semanas. Hay que salvar los déficits sobrevenidos, no aumentarlos. La recuperación de la plena autonomía municipal pasa por no volver a endeudar a los ayuntamientos, como sucedió en el pasado. La mayoría de éstos ya han demostrado ampliamente, en el pasado reciente, su capacidad para gestionar equilibradamente sus cuentas. Ahora no caben pasos atrás que, además, no son necesarios en la medida en que existen herramientas adecuadas para evitarlo.

Sala de control de un servicio de abastecimiento de agua.

Hay quienes, obsesionados con vender “su libro”, proponen subvenciones indiscriminadas, y no a quien realmente la necesita, promoviendo así el despilfarro y la insostenibilidad del sistema, lo cual implica que no habrá dinero para las inversiones necesarias. Esto ocurre ya en muchas poblaciones, y tal situación empeoraría si se permitiera una gestión falta de rigor técnico y presupuestario. Peor aún es la solución de aumentar el endeudamiento sin cubrir los costes del servicio, en contra de las directivas comunitarias.

Este afán retrógrado y antiprogresista se culmina, conceptualmente, con la oposición frontal a una regulación homogénea del servicio en toda España, igual para todo el país, que fomente la eficiencia en la gestión de la prestación del servicio, e impida la manipulación -como parece que algunos pretenden-, más aún si se tiene en cuenta que se trata de un derecho humano.

No olvidemos nunca que el agua en España es siempre pública y accesible para todos -por ley-, como corresponde a tal derecho. Es el momento de defender una gestión eficiente y sostenible de este, nuestro derecho.


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