Recordando la política hidráulica en España (I) - EL ÁGORA DIARIO

Recordando la política hidráulica en España (I)

El profesor Ramón Tamames inicia hoy en El Ágora una serie de artículos sobre la política hidráulica en España, su evolución y sus protagonistas. Comienza su primer artículo repasando el aprovechamiento de los recursos hídricos de Iberia por parte de los romanos hasta llegar a la ley de González Besada, vigente hasta 1926

Ramón Tamames Catedrático de Estructura Económica. Cátedra Jean Monnet de la UE. De la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas


En un digital cotidiano como El Ágora, que se subtitula “Diario del Agua”, me pareció que, dejando en su deslizante suceder, una semana, por lo menos, la célebre pandemia, dediquemos un cierto espacio a lo que ha sido la política hidráulica en España.

Se trata de un tema fundamental, en un país de recursos hídricos muy por debajo de la media de la Europa transpirenaica. Donde se aprecian dos áreas bien definidas, empezando por la Iberia húmeda, que abarca a la mitad norte de Portugal, Galicia y la Cornisa del Cantábrico, más los Pirineos.

La otra zona, más preocupante, es la Iberia seca. Con un nivel de precipitaciones por debajo de los 500 ml., que significa la necesidad de riego en la mayor parte de su extensión; salvo la que está a mayores altitudes, que se dedica silvicultura y pastizales para la ganadería extensiva, cada vez menos frecuente.

La inquietud por los recursos hídricos, y la mejor forma de aprovecharlos, se manifestó en España desde los tiempos de los romanos. De los que queda la muestra del embalse para riego de Proserpina, en las inmediaciones de la capital de Lusitania que fue Emérita Augusta, hoy Mérida.

Muro de piedra del embalse romano de Proserpina ubicado cerca de Mérida, provincia de Badajoz.

Y de la ulterior invasión árabe, hay que evocar los riegos de Levante y algunas vegas concretas, como la de Granada, que tuvieron especial interés para la introducción de nuevos cultivos provenientes del norte de África y de Oriente Próximo. Incluso desde entonces funciona en Valencia el Tribunal de las Aguas, que sin burocracia y con gran rapidez, resuelve los problemas de los regantes, generalmente a satisfacción de todos, sin que haya apelación o casación.

La política hidráulica empezó a practicarse con mayor intensidad en el siglo XVIII, por los Borbones, cuando se terminó el Canal Imperial de Aragón, empezado en tiempos de Carlos V. También en esa época se hicieron muchas obras hidráulicas, incluyendo puentes, represas y también algunas canalizaciones de navegación fluvial. Pero fue sobre todo en el último tercio del siglo XIX, cuando se animó la llamada política hidráulica.

Concretamente, entre la Restauración (1874) y la proclamación de la Segunda República (1934), se abrió un largo periodo en el que la cuestión agraria y sus temas colaterales, no se suscitaron en la intensidad política con que se habían tratada antes (desamortizaciones), o como iba a suceder después con la Segunda República (reforma agraria). Así, la preocupación por la mejora de nuestra agricultura, entre 1876 y 1923, se centró casi en una sola dirección: la política hidráulica.

Puente sobre el Canal Imperial de Aragón de Zaragoza.

La política hidráulica se configuraba –según frase de Joaquín Costa, principal difusor de su significación y trascendencia— como una “expresión sublimada de la política económica de la nación”.

El programa de Costa –principal de nuestros regeneracionistas— era muy vasto: era necesario un “ministerio de aguas” para combatir la sequedad del suelo. Esto es, un instrumento del poder público que funcionase como “agente de las actividades individuales, como regulador de la vida social y promotor del aumento de la población, para regenerar de la raza, en los progresos de la riqueza pública, fuente de tributación…”. El deber de la Administración estribaba, pues, en coadyuvar a esa obra proporcionando el beneficio del riego a la mayor extensión posible del territorio por los medios que se hallarían a su alcance y no al de los particulares.

En el último cuarto de siglo del XIX, Joaquín Costa difundió la necesidad de una política hidráulica que restaurase la economía española; y lo hizo desde la tribuna política de la Unión Nacional y desde la Cámara Agrícola del Alto Aragón; creadas ambas instituciones por el extraordinario entusiasmo del propio Costa, al que no correspondieron las realizaciones prácticas. Dejando Costa, eso sí, dos libros de singular interés: Política hidráulica, y Los bosques y el agua.

En la segunda etapa de la política hidráulica y después de las recomendaciones de Costa, Macías Picavea, y los seguidores de ambos, lograron que se materializaran los proyectos del “Plan de Obras Hidráulicas de 1902”. Preparado por un equipo de ingenieros de caminos, canales y puertos, encabezados por Rafael Gasset. Pero lejos de las expectativas iniciales, el Plan Gasset carecía de coordinación; constituía, en realidad, como se afirmó más tarde, un catálogo de pantanos y canales, en muchos casos en contradicción unos con otros. Y, sobre todo, sin una orientación que tendiese a un aumento verdadero de la productividad, ya que muy pocas obras estaban previstas para las tierras de Levante, donde precisamente la ampliación del riego habría producido los máximos beneficios.

La inestabilidad política de los años 1902 a 1923 hizo que la política hidráulica quedara relegada a ser simplemente un mito

La inestabilidad política de los años 1902 a 1923 –la Restauración en su definitivo declive después del Desastre de 1898—, hizo que la política hidráulica quedara relegada a ser simplemente un mito, sin mayores realizaciones. Los pocos embalses promovidos por el Estado fueron aprovechados en muy escaso grado para riego. Las obras de canales y acequias a realizar por los propietarios de las tierras, dominadas por los reservorios, no se llevaron a cabo casi nunca por entonces.

Entre las medidas de carácter agrario adoptadas en este periodo, y al margen de la política hidráulica, han de recordarse las acciones del Gobierno González Besada (1907), que promovió la publicación de la Ley de Colonización y Repoblación Interior de 1907, que perseguía la creación de patrimonios familiares en colonias constituidas ocupando terrenos de secano y montes públicos incultos. Con tal fin, se creó la Junta Central de Colonización, que actuó hasta que fue sustituida por la Dirección General de Acción Social Agraria de la Dictadura.

La ley de González Besada estuvo vigente hasta 1926, y en ese periodo de veinte años en que se aplicó se crearon 18 colonias sobre 11.028 hectáreas. Financiera y económicamente, la operación fue un fracaso, debido a que las tierras distribuidas entre los colonos, en su mayor parte, eran de pésima calidad.

Esta política de Besada la prosiguió la Dictadura con un decreto de 1926, cuya ejecución, por ir combinada con la política hidráulica, tuvo mejores efectos que los de la ley de 1907. En los tres años de la nueva vigencia del Decreto, se asentaron 4.200 colonos sobre 21.501 hectáreas, y los resultados, en general, fueron aceptables.

Dejamos aquí el tema, para el próximo viernes, cuando entraremos de lleno en la política hidráulica de la dictadura del general Primo de Rivera, con las confederaciones hidrográficas, impulsadas inicialmente por Manuel Lorenzo Pardo, de digno recuerdo por su teoría de la descompensación hidrográfica de España, y por su impulso a la idea de cada confederación hidrográfica con su propia cuenca.

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Los interesados en hacer observaciones al autor, que siempre serán bienvenidas, pueden escribir al autor a castecien@bitmailer.net.


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