El Gobierno quiere aumentar la ambición de la ley climática

El Gobierno quiere aumentar la ambición de la ley climática

PSOE y Unidas Podemos pactan una serie de enmiedas para elevar del 20% al 23% el recorte de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y prohibir la extracción de uranio en la Ley de Cambio Climático que se tramita en las Cortes


La primera Ley de Cambio Climático de la que se dotará España sigue su proceso en el Congreso de los Diputados. Este miércoles acaba el plazo de presentación de enmiendas, un momento clave tras el cual los diferentes partidos políticos deberán intentar consensuar una versión definitiva de la normativa, que servirá tanto para cumplir los compromisos internacionales de reducción de gases de efecto invernadero como para ayudar a canalizar los fondos europeos del plan de recuperación. Si todo avanza por los cauces previstos, se espera que la ley climática, que comenzó su tramitación en mayo, pueda estar definitivamente aprobada a principios de 2021.

Por el momento, los partidos que forman la coalición de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, ya han pactado en el Congreso una serie de enmiendas que presentarán a la ley que redactó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, según ha adelantado el diario El País. Entre las nuevas medidas se encuentran algunas modificaciones de calado, como la prohibición de abrir cualquier tipo de explotación de uranio en España o la obligación de privilegiar la alimentación sostenible en las administraciones públicas. Pero sobre todo hay un aumento en la ambición del recorte de emisiones para 2030, que pasaría a ser del 23% respecto a los niveles de 1990, en vez del 20% actual.

Además, la enmienda obligará también a llegar en 2030 al 42% de renovables sobre el consumo final de la energía frente al 35% que figuraba en el texto inicial y el 74% de la electricidad tendrá que ser de origen “verde” de aquí a diez años. Aunque se trata de objetivos que concuerdan con los incluidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), su inclusión en la ley climática servirá en teoría para reforzar su cumplimiento.

En cualquier caso, e incluso aunque salga adelante, la meta del 23% queda muy lejos de lo dispuesto en normativas como la de la Unión Europea, que actualmente está en negociación, pero que plantearía un recorte de emisiones con respecto a 1990 de al menos un 40% para 2030. De hecho, el Parlamento Europeo ha pedido recientemente que se eleve la ambición de ese recorte hasta el 60%. Y en España, las principales organizaciones ecologistas han reclamado en varias ocasiones la necesidad de “ir mucho más lejos en los objetivos de reducción de las emisiones”.

Prohibición del uranio

Otra de las claves de la enmienda que han pactado el PSOE y Unidas Podemos es la prohibición de la minería del uranio, que se suma al veto a las nuevas explotaciones de hidrocarburos y a los proyectos de fracking. Y es que, en la práctica, esta modificación supondría darle la puntilla al plan de mina de uranio a cielo abierto previsto en el municipio salmantino de Retortillo, que ha causado una importante polémica en la zona y lleva más de diez años en tramitación.

De hecho, la empresa que lidera el proyecto, la australiana Berkeley, está tramitando actualmente ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la Administración la autorización para abrir una planta de concentrados y un almacén junto a la mina, un proceso que en principio quedaría bloqueado para siempre cuando se aprobara la ley climática si esta enmienda sale adelante.

Otras novedades que pretenden incluir estos dos partidos con sus enmiendas son la obligación de que el Gobierno elabore una ley de movilidad sostenible y financiación del transporte, que de hecho ya se incluía en el pacto de investidura que alcanzaron PSOE y Podemos tras las últimas elecciones generales. Además, en las enmiendas también se hace hincapié en la necesidad de incentivar el transporte de mercancía por ferrocarril y reducir la huella de carbono de la alimentación. Esto último obligará a las administraciones públicas a adquirir alimentos cercanos y de temporada en sus instalaciones o concesiones de comida.



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