La ley de cambio climático y transición energética del Gobierno ha superado su primer escollo, una enmienda a la totalidad presentada por Vox, con el apoyo de todo el resto del arco parlamentario e inicia así su andadura por el Congreso
El negacionismo climático no tiene casi apoyo en el Congreso de los Diputados. El proyecto de ley de cambio climático y transición ecológica, con el que el Gobierno quiere impulsar el coche eléctrico y las energías verdes, ha superado su primer examen parlamentario tras ser rechazada una enmienda a la totalidad de Vox, que pedía la devolución del texto al Gobierno sin plantear ninguno alternativo. La apuesta normativa verde del Ejecutivo para este 2020 inicia así su tramitación parlamentaria, un proceso que, según la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durará hasta final de año.
Por lo menos, el inicio de la andadura legal ha comenzado con buen pie: todos los grupos que han intervenido en el pleno de la Cámara Baja se han mostrado en contra de la propuesta de Vox, a excepción del Foro Asturias. Todo el resto del arco parlamentario, de derechas o izquierdas, independentistas o constitucionalistas, ha preferido apoyar la ley por «la importancia de la evidencia científica» y porque existe la posibilidad de aplicarle modificaciones a través de enmiendas parciales.
La diputada de Vox Mireia Borrás Pabón, encargada de presentar esta enmienda a la totalidad, ha asegurado durante su intervención que el proyecto supone un «intervencionismo exhaustivo del Estado en la vida económica y un incremento brutal del gasto público», además de «una promoción autoritaria de las energías renovables y una cruzada contra los combustibles fósiles». Borrás ha manifestado que, aunque su grupo «carece de posición propia sobre cuestiones climatológicas», su rechazo se debe a «consideraciones elementales de supervivencia nacional», ya que implica «imponer el ideario intervencionista, liberticida y gravemente empobrecedor» del actual Gobierno.
El tono negacionista de Vox no ha sentado muy bien a la vicepresidenta Teresa Ribera, que ha sido la principal encargada de defender la ley asegurando que en ella «ni hay alarmismo climático ni se trata de una nueva religión», sino que «responde a alertas de la ciencia y demandas de la sociedad». Ribera ha pedido «tomarse en serio la emergencia climática» y ha insistido en que la ley ofrece «un marco flexible pero comprometido con las generaciones del mañana» y por ello ha invitado al resto de grupos a «mejorarla y reforzarla» para «facilitar su rápida adopción y vigencia».
Consenso con la oposición
Con esta ley, «España cumple» con Europa, ha resumido la vicepresidenta cuarta, «al aumentar su contribución a la lucha contra el cambio climático», con la comunidad internacional «al facilitar una respuesta multilateral» y con la sociedad española, que «reclama una acción inmediata» ante la crisis climática. Unas palabras que se han visto apoyadas por el principal partido de la oposición, el PP, que se ha sumado al rechazo al discurso de Vox.
De hecho, el diputado Diego Gago, representante del PP en la Comisión de Medio Ambiente, ha advertido de que “no son tiempos para el negacionismo”. “Ustedes quieren ir solos, pero honestamente creo que se equivocan”, ha añadido en referencia al partido de ultraderecha. Eso sí, el político popular ha advertido al Gobierno de que habrá que negociar algunos puntos de la ley, ya que considera que plantear soluciones al cambio climático «no puede significar acabar con el tejido industrial del país o poner en jaque a la industria marítimo-pesquera».Con este proyecto de ley, aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 19 de mayo y que consta de 36 artículos, el Gobierno pretende lograr la neutralidad de emisiones en 2050, así como potenciar el coche eléctrico y las energías renovables. Los objetivos de esta ley, que pretende ser inclusiva, se implementarán a través de sucesivos Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC); el primero de ellos (2021-2030) permitirá reducir las emisiones en un 23 % respecto a 1990 al finalizar la presente década, duplicando el porcentaje de renovables en el consumo final, hasta un 42 %.
El texto se ajusta a los compromisos internacionales de lucha contra el cambio climático, como el Acuerdo de París, y destaca el propósito de España de alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050 con objetivos que sólo podrán se revisados al alza. Para ello, en 2030 las emisiones en el conjunto de la economía nacional deberán reducirse al menos un 20% respecto a 1990, un objetivo en la línea fijada por la Comisión Europea y que supone para España retirar una de cada tres toneladas que se emiten en la actualidad.
