Teresa Ribera ha sido nombrada copresidenta en la primera reunión de este órgano de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que busca crear una hoja de ruta para poner en marcha planes de transición justa a través del diálogo social, creando empleos verdes
El Gobierno sigue buscando aumentar su influencia internacional en la lucha contra la emergencia climática. La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha sido designada copresidenta del Consejo Consultivo Internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para impulsar la iniciativa “Acción Climática por el Empleo”. Este foro intentará implementar un ambicioso programa mundial ejecutado por la OIT, que tiene como objetivo proporcionar una hoja de ruta clara para poner en marcha planes de transición justa a nivel nacional a través del diálogo social, creando trabajo digno y empleos verdes.
La vicepresidenta aceptó el pasado mes de junio la invitación del presidente de la OIT, Guy Rider, a formar parte de este órgano, que desde ahora y por un mandato de tres años, presidirá junto al ministro de Comercio, Industria y Trabajo de Samoa, Lautafi Fio Selafi Purcell.
Ribera ha agradecido su nombramiento y destacado la importancia de avanzar en esta iniciativa para impulsar una recuperación que cree puestos de trabajo y acelere la acción climática, más necesaria que nunca como revulsivo a la crisis de la COVID-19. “España está comprometida con una recuperación verde y una transición justa. Haremos todo lo posible para impulsar esta agenda a nivel nacional e internacional, y quiero dar las gracias a la OIT por invitarnos a formar parte de ella”, ha señalado.
En ese sentido, la vicepresidenta ha incidido en la importancia de compartir experiencias entre los países en torno a las transiciones en determinados sectores para aprovechar mejor el aprendizaje mutuo en el proceso de transición hacia un nuevo modelo de desarrollo que no deje a nadie atrás.
La Ley de Cambio Climático y Transición energética de España, que ya se encuentra en trámite parlamentario, es la primera normativa de este tipo en el mundo que incorpora la disposición de aprobar estrategias de Transición Justa cada cinco años para optimizar los resultados y minimizar los efectos negativos en términos de empleo e impactos sociales de la transición hacia una economía con cero emisiones y 100% renovable en 2050.
El Gobierno de España ya se ha dotado de un Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo autónomo adscrito al MITECO que, entre otras cuestiones, gestiona y tutela la preparación y ejecución de convenios de transición justa. Esta acción busca siempre lograr el consenso con las administraciones regionales y locales, empresas y sindicatos para garantizar el mantenimiento del empleo y la dinamización de la economía y la industria de los territorios afectados por la transición.
