La UE ve a España «particularmente expuesta» al cambio climático

Europa siempre está analizando la evolución de cada país miembro y los retos principales a los que tiene que hacer frente. Por eso, ahora que la neutralidad de carbono es la prioridad comunitaria, dedica gran parte de sus recomendaciones a temas ambientales. Esta semana se han dado a conocer los análisis país por país de la UE, en los que se detalla tanto el nivel de cumplimiento de España con los objetivos europeos como sus esfuerzos “verdes”. Y Bruselas, que considera que el país está “particularmente expuesto” al cambio climático, pone deberes en sostenibilidad, sobre todo para asegurar una gestión del agua y de los residuos “más eficiente”.

Sin embargo, y a pesar de que España afronta un alto riesgo con el calentamiento global, por ahora los esfuerzos de inversión de la UE no van dirigidos a la mitigación o la adaptación. Según se detalla en este mismo paquete de informes, el Fondo de Transición Justa, clave en el Green New Deal europeo, irá sobre todo destinado a ayudar a los países con una alta dependencia del carbón como Polonia. Incluso España, que recibirá una parte de estos fondos, deberá destinarlos sobre todo a cuencas mineras como León o Asturias “para mantener la cohesión social y territorial”.

A pesar de esta falta de fondos específicos, más allá de la reconversión de zonas «atrasadas» en materia energética, el informe de la Comisión es claro: “la localización geográfica y la topografía hacen de España un país especialmente vulnerable a los efectos adversos del cambio climático”. Y hace una lista de posible de los impactos, que van desde la erosión costera hasta la pérdida de biodiversidad y ecosistemas naturales. Solo en daños por inundaciones, estiman costes de 800 millones de euros al año.

La mejora de la gestión española del agua aparece como clave. En varias áreas de España, la demanda supera a la oferta, y este problema “se va a exacerbar en el futuro”, apunta al informe, afectando sobre todo a sectores como la agricultura o el turismo. Por eso, recomiendan implementar políticas que adecúen los precios del agua a sus costes, “con el objetivo de promover un uso más eficiente, especialmente en el sector agrícola”.

También hay bastantes deberes –bien conocidos a estas alturas gracias a las multas continuas del TJUE– en infraestructuras hídricas y depuración. Según los datos que maneja la Comisión, en 2016 se perdió el 16,3% del agua a nivel nacional y la reutilización de aguas residuales, exceptuando Murcia, Valencia, Baleares y Canarias, se eleva sólo el 2,4%. Por eso, considera que la inversión necesaria hasta 2030 para garantizar el cumplimiento por parte de España de la Directiva de aguas residuales urbanas (siguiendo las estimaciones de la OCDE) es de 24.867 millones de euros.

Impuestos y sostenibilidad

Bruselas considera que el Plan Nacional de Energía y Clima es “ambicioso” y tiene “la potencialidad de mejorar el PIB y crear empleo”, pero considera que para ponerlo en marcha y hacerlo más efectivo, sería necesario “un uso más sistemático de la fiscalidad ambiental”. La Comisión recuerda que la presión fiscal “verde” de España está más de medio punto por debajo de la media de la UE –1,8% frente a 2,4%– y señala en particular que los impuestos sobre el diésel y la gasolina son “relativamente bajos”.

El análisis hace mucho hincapié en esta necesidad de unos mayores impuestos ambientales, que considera que son “menos perjudiciales para el crecimiento que las tasas sobre el trabajo o el capital”. Y recuerda que este tipo de acciones ayudan a limitar las acciones dañinas a nivel ambiental al integrar su coste completo en el precio final. Por eso, piden que cualquier avance en materia climática esté “coordinado entre el Ministerio de Hacienda y el de Transición Ecológica”.

El informe también apunta a otras áreas en las que España tiene que introducir mejoras para cumplir con sus compromisos europeos. En materia de transporte, la UE considera que se depende demasiado de las carreteras para el movimiento de mercancías y recomienda extender el uso del tren. Además, explica que es necesario un mayor apoyo a la movilidad sostenible y limpia en grandes ciudades como Madrid o Barcelona para acabar con los problemas de polución.

De hecho, de no actuar rápido, es precisamente por culpa del transporte que España no podrá cumplir con sus compromisos europeos en materia de reducción de emisiones.

Energía y turismo

En energía, aunque se alaba el rápido abandono del carbón en España y se considera que estamos en el buen camino para cumplir los objetivos en cuanto a energías renovables, se critica nuestra falta de inversión en eficiencia energética, para la que se pide un plan específico que actúe sobre todo en la reforma de edificios para hacerlos más sostenibles y eficientes. Además se nos pide que mejoremos nuestra interconexión con Europa para poder mejorar la gestión de los picos de demanda y oferta que generalmente van asociados a un mix energético intensivo en renovables.

Por otro lado, el informe afirma que “el sector privado español es clave para lograr resolver el desafío de la sostenibilidad a través de la digitalización y la innovación”. Porque España tiene un problema gordo con el I+D: según Bruselas, el gasto total nacional en este sector clave solo alcanza el 1,24% del PIB, un registro que está lejos del objetivo recomendado por Europa de gastar como mínimo un 2% en innovación.

Para la UE, la eficiencia de la gestión público-privada de los recursos en España ha mejorado significativamente desde 2009, “pero la gestión de residuos y la economía circular siguen siendo desafíos importantes”. Sobre todo, porque “la cantidad de residuos aparcados en vertederos sigue siendo considerable e impide un progreso más rápido hacia una economía circular”.

Por último, en su parte final, el análisis que hace la UE del avance de las políticas verdes en nuestro país se fija en un sector vital para la economía y la idiosincrasia españolas: el turismo. Y el diagnóstico es claro: “el turismo en España se enfrenta al reto de volverse más sostenible”. Entre las recomendaciones, está la de incluir impuestos específicos bajo el principio de “quien contamina paga”, mejorar la certificación ecológica de las infraestructuras turísticas y planificar de manera sostenible el uso del suelo tanto para construcción como para aprovechamiento.