Analizamos la agenda verde del nuevo Gobierno

Analizamos la agenda verde del nuevo Gobierno

La sostenibilidad gana enteros en el organigrama ministerial. Tras celebrar el primer Consejo de Ministros, el nuevo Gobierno de coalición liderado por el socialista Pedro Sánchez ha arrancado con importantes cambios tanto en el número como en el nombre y las competencias de los ministerios. El medio ambiente, los ODS, el urbanismo sostenible y la España vacía obtienen visibilidad. Falta ver cómo convivirán en la acción ejecutiva las distintas posiciones del PSOE y de Unidas Podemos, que plantea ideas radicales en algunos temas

Pedro Cáceres | Director Adjunto
Madrid | 20 enero, 2020

Tiempo de lectura: 16 min



Tras celebrar el primer Consejo de Ministros el pasado martes, el nuevo Gobierno de coalición liderado por el socialista Pedro Sánchez ha arrancado con importantes cambios tanto en el número como en el nombre y las competencias de los ministerios. Y según parece por la reorganización ministerial y los cambios de nomenclatura de algunas carteras, el medio ambiente se convierte en protagonista importante de la acción ejecutiva.

En primer lugar, porque alcanza por primera vez el rango de Vicepresidencia. Teresa Ribera será la vicepresidenta cuarta del Gobierno y añade a la cartera de Transición Ecológica que sostenía hasta ahora un nuevo apellido: el Reto Demográfico. Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sigue existiendo de forma separada al de Medio Ambiente, como en la pasada legislatura, y bajo la batuta de Luis Planas, lo que es una señal bien recibida por el sector primario, que temía ver subsumida su agenda bajo el manto del ambientalismo.

No obstante, en los círculos ambientales y sectoriales se tiene la impresión de que el ascenso del Medio Ambiente al rango de Vicepresidencia parece indicar que a la visión verde defendida por el MITECO (Transición Ecológica) se le concede un peso superior al enfoque más afín al sector productivo que representa el MAPA (Agricultura y Pesca).

Otro elemento clave en el tinte verde que Sánchez da a su Gobierno es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), hasta ahora gestionados por un Alto Comisionado dependiente de Moncloa con rango de Subsecretaría, se transformen en una Secretaría de Estado propia, que será gestionada por la podemita Ione Belarra bajo la vicepresidencia de Asuntos Sociales y Agenda 2030 de Pablo Iglesias.

Está por ver si el dogmatismo que suele acompañar a la formación morada afectará a la implementación en España de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, una tarea que hasta el momento había sido gestionada de una forma integradora por Cristina Gallach, Alto Comisionado para la Agenda 2030.

Los cambios alcanzan también a Fomento, que sigue con José Luis Ábalos como ministro, pero que pasará a llamarse Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para intentar incorporar la sostenibilidad a la gestión de infraestructuras. La nomenclatura en esta caso da visibilidad también al papel fundamental de las ciudades. Es la primera vez que el urbanismo sostenible aparece en el título de un Ministerio.

En el caso de las políticas de ciencia, con un papel clave en el desarrollo de innovaciones ambientales y tecnológicas, es generalizada la sensación de que pierde presencia por el traspaso de las competencias en universidades a un nuevo ministerio. Pedro Duque sigue al frente de un Ministerio de Ciencia e Innovación desgajado del potente tejido investigador y territorial que son las universidades.

Estamos sin duda ante una remodelación que incorpora cambios de calado, por lo que es entendible que en los sectores más involucrados cunda la expectación en estos días. Al fin y al cabo, ¿cómo se repartirán las competencias? ¿Qué posibles conflictos y duplicidades puede haber entre ministerios que antes estaban juntos? Y, sobre todo, ¿Serán conciliables las posturas de PSOE y de Unidas Podemos? La formación de Pablo Iglesias se ha mostrado hasta ahora radical en cuestiones clave y suele esgrimir un tono ideológico y excluyente en cuestiones de Estado que requieren lo contrario: criterios técnicos y espíritu integrador.

Desde El Ágora, hemos querido adelantarnos a estas preguntas y ofrecer este análisis sobre cuales pueden ser los retos y las dudas del actual Gobierno. Y, también, preguntarnos: ¿Cómo encaja el agua en todo esto?

¿Dónde se sitúa el agua?

La gestión de los recursos hídricos seguirá bajo el paraguas de Teresa Ribera como titular de la Vicepresidencia para la Transición Ecológica y el Reto demográfico, tutelada por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, que seguirá estando bajo el mando de Hugo Morán, y la Dirección General de Aguas.

Sin embargo, tanto los agentes de ciclo urbano como los regantes muestran cierto temor ante la ideologización de esta política a tenor de lo firmado en el acuerdo de coalición entre Podemos y PSOE. Este documento, hecho público el pasado 30 de diciembre, incorpora puntos específicos en los que se aprecia la inclusión de la agenda de Unidas Podemos en el plan de coalición de gobierno.

Entre las propuestas de este documento se señala que “se prohibirá la compraventa de derechos concesionales del agua” y “se promoverán las modificaciones regulatorias que faciliten la gestión pública y directa del agua, en particular por parte de los ayuntamientos, así como la modificación de la normativa de contratación pública para reducir los límites de duración de los contratos futuros de gestión indirecta y el estudio de la reversión de las concesiones que no cumplan con la legislación vigente”.

Estos anuncios rompen con el realismo y el apego a los criterios técnicos que el PSOE ha mostrado tradicionalmente en materia de agua. Lo anunciado en el acuerdo son posicionamientos de corte ideológico más que propuestas aterrizadas para un mejor manejo de los desafíos del agua en España.

Respecto a la gestión del agua en los municipios, por ejemplo, España tiene un mix de modelos de gestión públicos, privados y mixtos que han mostrado su validez en todo momento. Los retos del agua tienen que ver con la eficiencia en la gestión y la inversión en infraestructuras para modernización y adaptación al cambio climático, pero no en debates estériles sobre el tipo de modelo adecuado para hacerlo.

Además, dada la complejidad creciente de la gestión del ciclo urbano del agua, el pequeño tamaño de muchos municipios y la falta de presupuesto de muchos consistorios resulta imposible y contraproducente pretender que aborden en solitario la gestión del servicio público.

En ese sentido, a petición de los representantes de los agentes del ciclo urbano del agua, el Gobierno deberá afrontar el déficit en inversión infraestructural del agua en nuestro país, cercano al 70% ya que la renovación, mantenimiento y planificación de infraestructuras hidráulicas es garantía de una gestión eficiente de un recurso vital y cada vez más escaso debido al cambio climático.

Precisamente, este último aspecto también impactará en las decisiones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, una cartera que debe afrontar la resiliencia de las ciudades cada vez más expuestas a fenómenos climáticos adversos como inundaciones, sequías u olas de calor.

Lo cierto es que no son pocos los retos en materia de gestión de recursos hídricos que afronta el nuevo Ejecutivo, empezando por la inminente publicación del Libro Verde de la Gobernanza del Agua, cumplir con las exigencias de la directiva Marco del Agua (DMA) en materia de saneamiento para lograr la recuperación de costes y mejorar la calidad de las masas de agua. También es necesario tanto negociar la nueva DMA como impulsar el desarrollo de las políticas europeas de reutilización de aguas regeneradas y de calidad del agua.

Precisamente los regantes, a través de su asociación Fenacore, han pedido que las competencias de la política hidráulica pasen a depender del antiguo ministerio de Fomento “para dar cierta coherencia a las políticas de agua”.

En cuanto a las políticas nacionales, este Gobierno contará con el Informe de la Subcomisión Mixta para la estrategia de gestión de los recursos hídricos aprobado en 2018 y deberá aplicar sus preceptos en materia de trasvases, tratando de resolver conflictos territoriales por la cesión de caudales de unas cuencas a otras.

Vicepresidencia para la Transición Ecológica

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera (centro), posa junto a Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España (izda. y la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Arancha González Laya (dcha.), durante su toma de posesión
Los nombres de la toma de posesión 
En su toma de posesión, el pasado lunes 13 de enero, Teresa Ribera estuvo acompañada de Nadia Calviño, vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y por la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya. No acudió el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Dado el alto grado de solapamiento entre las carteras de Ribera y Planas, la ausencia de este último no pasó inadvertida.

Ribera arrancó su discurso haciendo un guiño a la lucha por la defensa del medio ambiente y mencionando a cuatro “pioneros que nunca se hubieran podido imaginar que en este país habría una vicepresidencia verde”. Se trata del naturalista republicano Odón de Buen (Zuera, 1863-México 1945), creador del Instituto Español de Oceanografía;  Ramón Margalef  (Barcelona, 1919-2004), primer catedrático de Ecología en España; Fernando González Bernáldez (Salamanca, 1933-Madrid, 1992), eminente investigador y mentor de muchas generaciones de biólogos, y Artemio Precioso (Hellín, 1917-Madrid, 2007), fundador en los años 70 del Centro de Estudio Socioambientales y secretario general de Greenpeace.

La señal más clara del impulso a la agenda verde que pretende escenificar el gobierno liderado por Sánchez es el ascenso de Teresa Ribera a la vicepresidencia del Gobierno con una flamante cartera bajo el brazo que lleva el nombre de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Para Ribera, el hecho de que la agenda ambiental haya alcanzado por primera vez rango de vicepresidencia demuestra el peso de las cuestiones ambientales, pero también la importancia de la coordinación y el acompañamiento transversal del resto de políticas. “El refuerzo de la agenda ambiental debe ser el eje de transformación de la economía, la equidad, la justicia, el territorio, la innovación, la industria, el empleo, el futuro de la empresa, o el conocimiento”, afirmó durante su toma de posesión.

En los dos últimos años la ministra ya había asumido la gestión de la energía, históricamente en manos del Ministerio Industria. En España se daba la paradoja de que las políticas de reducción de emisiones y de cambio climático dependían del Ministerio de Medio Ambiente, pero las decisiones clave sobre política energética no estaban bajo su control.

Esto cambió cuando en 2018, con el primer Gobierno de Pedro Sánchez, Ribera se puso al frente de un renombrado Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) que incluía la Secretaría de Estado de Energía y organismos como el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Esto supuso un espaldarazo para el ministerio de medio ambiente, que ganó un gran peso político y económico.

El contexto internacional y la agenda de la UE –con el billón de euros anunciado en el Green New Deal incluido– obligan a España a cambiar el mix energético y poner en marcha una descarbonización de la economía que supone una reconversión industrial en toda regla. Es una tarea mayúscula que Ribera ha iniciado en los dos últimos años empleando la moderación para buscar equilibrios y consensos con todos los actores involucrados, desde el sector energético a los sindicatos o los movimientos sociales y ecologistas.

En los últimos tiempos ha quedado claro que ya no se discute si hay que hacer o no una transición energética, sino solo sobre la forma y la velocidad a la que llevarla a cabo. La ministra no ha cesado de repetir en los dos últimos años que supone un reto, pero también una oportunidad para posicionar la economía española en la senda de la modernidad y el liderazgo tecnológico. Además, una línea fundamental de su discurso es remachar que debe ser una “transición justa” con las personas y los sectores, “para no dejar a nadie atrás”.

Ribera tiene un perfil marcadamente técnico. No es una persona de aparato, sino una gestora con larga trayectoria en la administración pública y en la negociación climática internacional. Sin duda su estilo contenido le ha ayudado a empezar a reenfocar la agenda energética del país, logrando mayores consensos de los que cabía esperar de una tarea tan difícil como ingrata.

Ribera se apuntó además un éxito importante al mover los hilos para que España acogiera, de forma inesperada, la cumbre del clima de la ONU celebrada en Madrid el pasado diciembre. El éxito organizativo de la COP25 montada por España en tiempo récord ante la renuncia de última hora de Chile a acogerla,  y la visibilidad obtenida por nuestro país con el evento han sido un activo que sin duda ha agradado también al presidente Sánchez.

Las palabras de Ribera sobre la España vacía
“Durante mucho tiempo hemos estado engañados por una especie de ilusión óptica pensando que lo progresista, lo moderno, era abandonar el campo y venir a la ciudad, produciéndose la enorme paradoja de gente, generaciones, que dejaban sus hogares, su campo, su modo de vida, sus espacios naturales para llegar a ciudades donde apenas podían pagar el alquiler de las casas donde malvivían. Cuando en realidad las condiciones de vida, el equilibrio, su contribución al conjunto de la riqueza nacional en forma de servicios ecosistémicos y de custodia del territorio debía haber sido reconocida con la dignidad que nos corresponde a todos”, afirmó la ministra Teresa Ribera en su toma de posesión.

Con la energía ya bajo su control, Ribera añade un nuevo desafío a su cartera como es el Reto Demográfico. Durante la campaña, el presidente Sánchez había anunciado que crearía un ministerio para atender la cuestión de la España vacía, que ha saltado a un plano destacado de la agenda pública en los últimos tiempos.

El presidente ha resuelto la promesa añadiendo al nombre del ministerio que dirige Teresa Ribera las competencias que hasta ahora correspondían al Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico bajo el manto del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Este puesto fue creado en enero de 2017 por el gobierno de Mariano Rajoy a demandas de la Conferencia de Presidentes autonómicos. Precisamente, a comienzos de 2019, el Comisionado presentó la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, documento base que ahora hereda Ribera, quien tendrá la misión de convertir esta hoja de ruta en realidades que ayuden a resolver el problema de la despoblación que padece buena parte del territorio interior del país.

En la última década, el 80,2% de nuestros municipios (6.516) están perdiendo población. En los municipios pequeños, las pérdidas afectan a casi el 90% de los de menos de 1.000 habitantes, datos que recordó la ministra Ribera durante su toma de posesión.

La gestión del reto demográfico tiene un alto componente de sostenibilidad, pues no es solo es una cuestión poblacional sino  también de gestión del territorio, desarrollo rural e impulso a la modernización del sector primario.

Respecto al organigrama, el nuevo MITECO mantendrá las dos secretarías de Estado que tenía hasta ahora. El asturiano Hugo Morán continúa como secretario de Estado de Medio Ambiente y tendrá bajo su responsabilidad la Dirección General del Agua, la Oficina Española de Cambio Climático, la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental y la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.

En la Secretaría de Estado de Energía hay cambios. José Domínguez Abascal es reemplazado por  Sara Aagesen, quien había trabajado hasta ahora en la elaboración del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Ribera incorpora a una persona de perfil técnico, muy parecido al suyo, para abordar el tema fundamental de su agenda.

Que la energía y el cambio climático ocupan gran parte del foco del ministerio es algo que no han dejado de señalar las ONGs de protección de la naturaleza, que han demandado al ministerio que potencie los esfuerzos en protección de la biodiversidad y del medio natural, relegados en el discurso y en la acción ministerial.

Tras mucho tiempo de interinidad, el ministerio de Teresa Ribera tendrá ahora que aprobar o desarrollar algunas normas fundamentales, como la Ley de Cambio Climático y la Estrategia Española de Economía Circular, además de presentar el resultado del Libro Verde de la gobernanza del agua, un documento que se ha estado preparando durante meses y que propone “avanzar en la construcción colaborativa de un modelo de gobernanza del agua […] y garantizar la disponibilidad de agua, en cantidad y calidad, para las personas y para las actividades económicas que dependen de ella”

  Tres décadas de medio ambiente en la agenda 
Por primera vez en la historia nuestra democracia, el medio ambiente alcanza el rango de Vicepresidencia de la mano de Teresa Ribera. No fue hasta 1996, con el primer Gobierno Aznar, cuando España tuvo el primer primer Ministerio de Medio Ambiente. Hasta entonces, las políticas ambientales habían sido una secretaría dependiente de Obras Públicas. Pasados 30 años, y tras diversos vaivenes en los que el Medio Ambiente ha compartido cartera con Agricultura, llega por fin al puesto más alto, una Vicepresidencia que, desde hace años, era demandada por el sector de la sostenibilidad en España.  

 

Los ODS, con la batuta de Podemos

Con el nuevo gobierno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aparecen por primera vez en el nombre de un ministerio. Estarán gestionados por la secretaria de Estado Ione Belarra, diputada de Unidas Podemos, y bajo la tutela de la vicepresidencia de Pablo Iglesias, ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030.

En 2015, todos los países, incluida a España, se comprometieron a trabajar para cumplir los ODS, un total de 17 objetivos que abordan todos los campos del desarrollo humano y ambiental y que están dotados de indicadores cuantificables que deben cumplirse antes de 2030.

La ex Alta Comisionada para la Agenda 2030, Cristina Gallach, había impulsado la introducción de los ODS en la agenda pública aportando su madurez y experiencia internacional. No en vano, en 2015 formó parte del equipo de la ONU que puso en marcha la estrategia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Zona Verde de la pasada COP25, el espacio de la cumbre abierto a la sociedad civil, estuvo administrado por el Alto Comisionado para la Agenda 2030 y fue una muestra de la forma abierta y dinámica de entender la gestión de los ODS que proponía Gallach. Se convirtió en un éxito de participación y un punto de encuentro entre sectores y actores distintos, como empresas, ONGs, mundo académico y ciudadanía.

El ODS 17, titulado Alianzas para conseguir los objetivos, propone promover “alianzas inclusivas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil”. Esta perspectiva integradora es la que debería tener la Agenda 2030. El reto de Ione Belarra, nueva responsable de los ODS, es poner en marcha la Agenda 2030 deshaciéndose de la agenda propia de Unidas Podemos y de la intransigencia de la formación en muchas cuestiones.

La potente corriente anticapitalista de los morados encontrará difícil aceptar, por ejemplo, que las empresas son hoy en día motores esenciales de la transición al desarrollo sostenible. Del mismo modo, son muchas las sensibilidades que la propia sociedad civil aporta a los ODS, y la nueva secretaria de Estado de Agenda 2030 debería hacer ver que gobierna no solo para sus votantes.

Agricultura: continuismo y temores

Contar con un Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación propio ha sido bien recibido por el sector agroalimentario español que lo identifica con un síntoma de la importancia que este Gobierno va a dar al sector primario como motor de la economía nacional.

El pulso entre Agricultura y Medio Ambiente

Hay que recordar que durante las dos últimas décadas Agricultura y Medio Ambiente han sido ministerios de ida y vuelta. Ha habido legislaturas en las que han estado agrupados en una sola cartera y en otras no. Ha habido vaivenes incluso en el nombre: a veces Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y otras Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura, poniendo una cartera por delante de otra. No era cuestión menor, pues estos cambios mostraban en cierto sentido la visión ideológica que han tenido los distintos ejecutivos al concebir la gestión del medio rural. Han evidenciado también el pulso histórico que existe entre una visión ambientalista del territorio y una visión más ligada al sector y a las actividades productivas.

En los círculos sectoriales las sensaciones son encontradas. La decisión de mantener en el puesto a su titular, Luis Planas ha sido muy aplaudida, pues se le considera un gestor con peso político y, además, con un perfil muy técnico, gran conocedor del campo y del escenario donde se la juega: Bruselas.

Aunque no terminan de perder el miedo a que transición ecológica “imponga lo verde sobre lo productivo”, todas las organizaciones, sindicatos agrarios y cooperativas agroalimentarias han valorado esta etapa continuista en la que Planas debe abordar importantes retos como la negociación de la Política Agrícola Común post 2020. En este sentido Planas tendrá que defender el mantenimiento del presupuesto de la PAC, que a priori se verá resentido por la salida de Reino Unido de la UE, además de luchar porque el anunciado Green New Deal, y sus inversiones millonarias en descarbonización y energía, no priven de recursos al campo.

Por otro lado, tendrá el reto añadido de afrontar las “guerras comerciales” entre Estados Unidos y China y Estados Unidos y la Unión Europea que han dejado elevados aranceles a productos agrarios españoles que ven comprometidos sus planes de internacionalización. Contar con un interlocutor propio que defienda sus intereses en la adaptación de la agricultura y a la hora de aplicar las medidas trasversales de transición ecológica es valorado por el sector como un punto fuerte de este Gobierno. Además, le piden prestigiar de cara a la sociedad la importancia del sector primario y poner en valor su función alimentaria y cohesionadora del territorio, un elemento que consideran crucial en la lucha frente al reto demográfico.

Los ejes de la gestión del ministerio se centrarán en dar respuesta a la apuesta por el regadío y su modernización, además de buscar fórmulas para reorganizar sectores como el aceite de oliva, la fruta de hueso y los cultivos bajo invernadero, que acusan precios en origen muy por debajo de los de producción que hacen necesaria una revisión de la cadena alimentaria. La digitalización del campo, la seguridad alimentaria, la adaptación al cambio climático, la mitigación de fenómenos como la sequía y la defensa de un modelo de agricultura sostenible serán otros de los retos de Luis Planas y su equipo en los próximos cuatro años.

No obstante, los representantes sectoriales aún esperan a conocer el encaje de las medidas adoptadas en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos y el posible impacto que pueda tener éste en su producción. En este sentido, mencionan medidas como el gravamen que se puede imponer a las bebidas azucaradas o la llamada “comida basura”, la gestión del bienestar animal fuera de la ganadería o cómo les afecta el que el reto demográfico sea competencia de la Vicepresidencia de Transición Ecológica. Además, preocupa el saber ya cómo afectará el posible fin de derechos de riego y agua que hasta ahora eran un activo de agricultores y ganaderos.

Una versión “siglo XXI” de Fomento

El medio ambiente no solo es protagonista por haberse convertido en vicepresidencia. También en Fomento, uno de los ministerios considerados como “duros” por el importante volumen de presupuesto que suele manejar, se ha colado la conciencia ambiental. Con el nuevo Gobierno, pasará a llamarse Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, toda una declaración de intenciones respecto al giro de 180 grados que se quiere dar a la política de infraestructuras desde la cartera.

Lo que no cambiará es el titular: el valenciano José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, continuará al frente de un ministerio que quiere pasar de la construcción al mantenimiento. El propio Ábalos lo dejaba entrever antes de que se conformara la coalición: “Vamos a hablar menos de cemento y más de datos en infraestructuras”. Ahora, se materializa una apuesta que ya estaba incluida en los presupuestos fallidos del año pasado, cuando gran parte de la inversión en infraestructuras se centraba en la renovación, la modernización y el mantenimiento de las redes existentes, en vez de la tradicional construcción de nuevos proyectos.

La Agenda Urbana Española

El objetivo final será implantar la Agenda Urbana Española, un documento estratégico, aunque sin carácter normativo, que pretende marcar la hoja de ruta para la sostenibilidad urbana. El ejecutivo elaboró esta estrategia hace ahora un año siguiendo los criterios establecidos por la ONU y la Unión Europea, que obliga a que cada uno de los 28 tenga su propio marco.

Los retos son amplios: el nuevo ministerio deberá modernizar el sistema de carreteras para adaptarlo a la evolución tecnológica de los coches, que avanzan en la senda de la electrificación y la sensorización. Y, por supuesto, hay mucho trabajo por hacer para mejorar las redes de cercanías, que deberían ayudar a descongestionar las grandes urbes, y para racionalizar la gestión de puertos y aeropuertos, en los que el análisis de datos informáticos debería jugar cada vez un rol más importante. Todo esto supondrá inversiones altas a corto plazo, pero en el medio y el largo serían beneficiosas para reducir los costes de mantenimiento.

Pero la principal vuelta de tuerca se centra en las ciudades. Los grandes problemas de movilidad de los ciudadanos se concentran sobre todo en los entornos urbanos, una circunstancia que tenderá a agravarse en el futuro. El objetivo del nuevo ministerio será, entre otros, proporcionar una regulación marco que sirva de base a las limitaciones de tráfico que algunas ciudades ya están incorporando a su normativa. Algo que podría provocar un conflicto competencial con los ayuntamientos.

Ábalos ha explicado que su prioridad es que se fije “la movilidad como un derecho de ciudadanía y las infraestructuras como medio para ello”. Con una máxima: “No anteponer la obra sobre la movilidad”, ha añadido el socialista. Lo que es seguro es que el nuevo ministerio, por competencias y por volumen, será uno de los grandes protagonistas de la recién inaugurada legislatura.

La ciencia, en solitario

En 1979 ocurrió algo insólito en la historia de las instituciones españolas: por primera vez en nuestro país se creó un Ministerio de Ciencia e Investigación que no dependía de Educación. Un aparente progreso que, sin embargo, poco recorrido tuvo, pues dos años después esta rama se volvió a fusionar con la educación. Desde aquel momento, la historia de la institución científica ha sufrido diversos altibajos en lo que respecta a su autonomía hasta llegar a su situación actual. De acuerdo con las directrices del gobierno de Pedro Sánchez, se volverá a crear un Ministerio de Ciencia e Investigación, que continuará bajo el mando del ex astronauta Pedro Duque, y que estará separado de Universidades, que corresponde a partir de ahora a Manuel Castells, propuesto por Unidas Podemos.

La decisión ha suscitado distintas opiniones. Algunas universidades, como la de Oviedo o Sevilla, e incluso el próximo ministro del ramo, Manuel Castells, han hablado sobre la idoneidad de esa división. “La universidad tiene una relación intrínseca con la ciencia y la innovación. Tenemos dos ministerios, pero un proyecto, es lo que hay y no va a haber grandes problemas, porque nadie nos prohíbe colaborar y diseñar políticas públicas para avanzar, que es lo que vamos a hacer”, ha señalado Castells durante su toma de posesión.

Por su parte, Duque quiso dejar claro en la presentación de su equipo su compromiso con el impulso de la ciencia en España. Una ciencia que, a pesar de haber crecido durante los últimos años, todavía continúa situándose muy por detrás de Europa, tal y como ha reconocido el propio ministro. “Es importantísimo que la innovación basada en el conocimiento se impulse desde el Gobierno con aumentos importantes de los recursos, y si es posible, llegar a la media de los países de nuestro entorno, de los cuales hemos aprendido mucho”, aseguró.

Por ello, una de las primeras medidas que quiere aplicar es la de aumentar la partida en los presupuestos dedicada a la ciencia hasta conseguir alcanzar el 2,5% del Producto Interior Bruto español, situándose así con la media de las partidas europeas. También se buscará reforzar el papel del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) e invertir prioritariamente en áreas de especial interés como la medicina personalizada.

El objetivo, según el propio Duque es “retener el talento dentro de nuestras fronteras” y  hacer ver a la sociedad española que todos estos cambios que se reclaman dentro de este campo no son sino “lo que realmente necesita España y sus habitantes”.


Este texto ha sido elaborado con las contribuciones de María Santos, Carlos de Pablo y Nicolás Pan-Montojo, de la redacción de El Ágora

El texto oficial en el BOE

El pasado lunes 13 de enero el Boletín Oficial del Estado publicaba el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.

Respecto a las funciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el BOE señala:

1. Corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la
propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia climática, de energía y
medio ambiente para la transición a un modelo productivo y social más ecológico, así
como la elaboración y el desarrollo de la política del Gobierno frente al reto demográfico
y el despoblamiento territorial.

2. Asimismo corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico la propuesta y ejecución de la política de agua como bien público esencial.

3. Igualmente corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico la propuesta y ejecución de la política de lucha contra la despoblación, así
como la elaboración y el desarrollo de la estrategia nacional frente al reto demográfico.

4. Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores:
a) La Secretaría de Estado de Energía.
b) La Secretaría de Estado de Medio Ambiente.



Se adhiere a los criterios de transparencia de

Archivado en:
Otras noticias destacadas

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies