<span class=»capitalLetter»>S</span>erá Europa capaz de producir alimentos suficientes para atender a una población creciente, más envejecida, más concentrada en grandes urbes, a unos precios asequibles y que al mismo tiempo sea social y medioambientalmente sostenible? Éste es, ni más ni menos, el principal reto al que se enfrenta no sólo la agroindustria en el Viejo Continente sino también toda la política comunitaria, la cual ha fijado como principal prioridad una acción a gran escala de lucha contra el cambio climático.
Conforme avanza la construcción europea se entrelazan dos tipos de ejes: por un lado, los objetivos de política característicos de cada legislatura establecidos por el pacto o decisión de los partidos mayoritarios y los países con mayor influencia y, por otro lado, los principios fundacionales de la Unión Europea, presentes desde el Tratado de Roma de 1957 hasta la actualidad. En este sentido, una clave muy importante está en la armonía entre estos dos tipos de ejes, de manera que Europa tenga en el mundo una posición destacada, acorde con su peso económico y demográfico, pero sobre todo sea un referente como forma de vida, bienestar económico y social y ser una plataforma dinámica de innovación y apertura hacia el mundo.
«Desde la crisis financiera de 2007, los avances en materia de integración europea se han hecho bajo un marco de tensiones entre los países donde las soluciones finales han sido de mínimos»
Este ‘escenario ideal’ no siempre ha estado presente en los últimos años de construcción europea. Concretamente, desde la crisis financiera de 2007, los avances en materia de integración europea se han hecho bajo un marco de tensiones entre los países donde las soluciones finales han sido de mínimos. A este pasado reciente se une, desde las Elecciones al Parlamento Europeo en 2019, una creciente tensión política tanto en la interna de los Estados Miembros como también en el seno de las instituciones europeas, con un retraso histórico en la aprobación del nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027 o el arranque de la actual Comisión Europea, la cual tardó más tiempo de lo esperado, demorándose durante meses hasta diciembre de 2019.
En medio de este escenario político ha llegado la crisis COVID-19, la cual al menos ha servido para generar ciertos consensos necesarios entre los Estados Miembros, pero también ha intensificado algunas tensiones tanto en el fondo como en la forma, tal como pudo verse durante los meses de mayo a julio en el acuerdo final de aprobación del Fondo de Recuperación y Resiliencia o también en la votación para elegir al nuevo presidente del Eurogrupo. Tras el Consejo Europeo del 21 de julio se consiguió establecer unas reglas del juego muy distintas a las planeadas por el eje franco-alemán donde en lo que queda de año 2020 y durante 2021 existirá el riesgo de vetos por parte de algunos países como Holanda, Austria o Suecia si entienden que los países más perjudicados por la crisis sanitaria como España e Italia presentan planes que no son merecedores de la financiación de emergencia europea. Esta presión está obligando a la Comisión Europea a ser más estricta y exigir una condicionalidad tanto ex ante como ex post a los países que recibirán fondos, incluso introduciendo como variable la calidad del Estado de Derecho como en Polonia o Hungría y ahora también en España.
«El sector agroalimentario y el agua en medio del ‘fuego cruzado’ de dos élites que compiten por la hegemonía de la política agroalimentaria en los próximos años»
Estamos, por tanto, ante un terreno de juego de extraordinaria complejidad, donde cada proyecto o decisión política genera una dialéctica que en muchas ocasiones es agria y poco constructiva. Precisamente, éste es el principal problema dentro de las negociaciones del Presupuesto europeo, encontrándose el sector agroalimentario y el agua en medio del ‘fuego cruzado’ de dos élites que compiten por la hegemonía de la política agroalimentaria en los próximos años: por un lado, la nueva ‘élite verde’ compuesta por políticos, grupos conservacionistas y buscadores de rentas en empresas que están haciendo un ‘lavado verde’ de imagen; y, por otro lado, la vieja ‘élite agrarista’ formada por las organizaciones agrarias tradicionales y poderes territoriales que se resisten a perder un poder que han detentado durante más de cuatro décadas gracias a la fórmula mayoritaria de pagos directos sin condicionalidad de la PAC.
Mientras el foco mediático y político está centrado en esta batalla de lobbies, no lo está en lo verdaderamente importante que es sentar las bases de un sistema alimentario competitivo a nivel global, palanca de crecimiento para el resto de los sectores de la economía y pilar básico para sostener a largo plazo una demografía muy distinta a la actual. En cambio, están potenciando la aprobación tanto de declaraciones políticas como de nuevas legislaciones con una filosofía preocupante: entender la agricultura y el agua como sectores en estancamiento secular o incluso en decrecimiento a largo plazo, fuera de las leyes del mercado (Macron dixit) y en recesión productiva a cambio de unos parámetros de sostenibilidad que aún hoy son ampliamente discutidos en la comunidad científica.
«Estamos abriendo la puerta a importaciones masivas de terceros países que no cumplen con los mismos estándares auto impuestos a las producciones europeas»
El resultado no es otro que poner en peligro la ‘soberanía productiva’ que es mucho más que la ‘soberanía alimentaria’, la cual sólo es un enfoque parcial por el lado de la demanda, abriendo la puerta a importaciones masivas de terceros países que no cumplen con los mismos estándares auto impuestos a las producciones europeas. Por consiguiente, es necesario concentrar esfuerzos en una doble vía: conseguir una total articulación del mercado común europeo tanto transnacional como también dentro de los propios países para dejar de ser ‘reinos de taifas agroalimentarios’ y asegurar la capacidad de producción propia reforzando el concepto de ‘soberanía productiva’, la cual sí puede abordar de manera coherente y eficaz un proceso de reducción a medio plazo tanto de la huella de carbono como de la huella hídrica.
Hasta que no entendamos que sin el sector agroalimentario y de agua no es posible hacer transición ecológica alguna, y que no son incompatibles los objetivos climáticos con una nueva revolución agrícola con producción moderna, a gran escala y con una mejora de los márgenes para los productores bajo las reglas de un verdadero mercado único e integrado en Europa, no habrá una solución sostenible a largo plazo.
