Ssi hay un vector de cambio especialmente sensible en la transición ecológica, ese es el agua, en su condición de recurso natural escaso e imprescindible, de trascendencia económica y ambiental, y definitorio de la identidad y la historia de nuestro país.
Por ello el tercer ciclo de planificación de los planes hidrológicos de demarcación que ya ha comenzado va a ser decisivo. Un proceso con un calendario muy exigente, marcado por Europa, por el cual los planes vigentes serán sustituidos por los de un nuevo ciclo, y que serán aprobados y publicados definitivamente a finales de 2021.
Estos planes marcarán un antes y un después en cómo hemos entendido en nuestro país el mundo del agua por dos razones. Una, porque el cambio climático nos obliga a revisar la información y las previsiones sobre las que se ha basado hasta ahora la planificación y la gestión del agua, y otra, porque son una oportunidad para abordar de manera decidida el cuidado y mejora del estado de nuestros recursos. Cuestión ésta que es parte de las premisas y obligaciones recogidas ya en la Directiva Marco del Agua Europea.
«El cambio climático nos obliga a revisar la información y las previsiones sobre las que se ha basado hasta ahora la planificación y la gestión del agua»
La abrumadora evidencia científica sobre el alcance y las posibles consecuencias económicas, sociales y ambientales que el cambio climático desencadena sobre el agua nos coloca frente a una nueva realidad de país. Si no actuamos para que se reduzcan los impactos y se amortigüen sus consecuencias, el cambio climático nos llevará a una crisis del agua inabarcable.
En efecto, los estudios prospectivos de nuestro Centro de Estudios Hidrográficos sobre pluviometría, escorrentía superficial y recarga de acuíferos apuntan a una reducción de los recursos hídricos disponibles en España del orden del 24% a final de siglo, en el escenario de incumplimiento del Acuerdo de París, y de hasta un 40% en los emplazamientos más vulnerables, así como al aumento de la magnitud y frecuencia de fenómenos extremos como inundaciones y sequías.
«Los estudios apuntan a una reducción de los recursos hídricos disponibles en España del orden del 24% a final de siglo»
Para poder anticiparnos a sus impactos, es necesario trabajar con los escenarios de cambio climático de acuerdo con la metodología del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC). Para ello hay que desarrollar escenarios alternativos con el fin de dimensionar las incertidumbres e incorporarlas de una manera explícita en la planificación hidrológica con metodologías de evaluación de riesgo.
Los planes son una oportunidad única para cuidar y proteger la calidad del “agua que tenemos”, ya que tendrán efectos durante el sexenio 2021-2027. Una oportunidad para asegurar el buen estado de las aguas de nuestro país y el respeto a los caudales ecológicos, cumpliendo asimismo con nuestras obligaciones de saneamiento y depuración, y de reducción de la contaminación difusa.
La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que impone millonarias sanciones por no haber aplicado adecuadamente el tratamiento sobre las aguas residuales de algunas aglomeraciones urbanas mayores de 15.000 habitantes, pone negro sobre blanco, una vez más, que el coste de no actuar en el ámbito ambiental supera con creces el de tomar medidas preventivas y a tiempo.
«Es necesaria una nueva gobernanza del agua basada en la coordinación de las políticas sectoriales»
El reto es de tal envergadura como para necesitar de un nuevo enfoque de gestión. Es necesaria una nueva gobernanza del agua basada en la coordinación de las políticas sectoriales, de manera que éstas se ajusten y sirvan a los objetivos de la política y gestión del agua.
Del mismo modo, esta gobernanza debe basarse en la coherencia de las actuaciones de los distintos niveles de la administración pública, que conviertan el ciclo del agua y su gestión en un conjunto unitario de responsabilidades institucionales que contribuyan efectivamente a objetivos comunes; en la cooperación del mayor número posible de usuarios y agentes sociales, que asuman sus responsabilidades compartidas con una administración que involucre y se relacione de una manera diferente con los ciudadanos, convirtiéndose en catalizador del diálogo orientado hacia objetivos compartidos de acción colectiva; en una nueva forma de construir, diseñar y ejecutar las decisiones políticas, basada en el conocimiento y en sistemas de información y apoyo a la gestión.
En ello hemos trabajado en el corto período de gobierno que acaba de terminar, y ahora ha de culminarse la tarea emprendida.
Es necesario un cambio de rumbo, para aportar soluciones a un escenario futuro distinto del que hemos enfrentado hasta el momento en la política del agua. Este cambio de rumbo deliberado, coordinado y orientado por objetivos estratégicos, es precisamente lo que ha de entenderse como la nueva política del agua para una transición de la cual es imposible abstraerse.
