El agua que recibimos en nuestros hogares es el resultado final de un complejo proceso que se inicia con la captación de aguas naturales, ya sean superficiales (mayoritarias en España) o subterráneas, su tratamiento a través de procesos de potabilización, su transporte hasta los diferentes municipios y, finalmente, su distribución hasta cada uno de los hogares. Todos estos procesos, parte esencial del denominado ciclo del agua, comportan el trabajo de miles de profesionales especialistas en España y la utilización de recursos técnicos y tecnológicos de primer nivel, para cumplir con los exigentes estándares legislativos de la Unión Europea (UE).
La calidad del agua es uno de los aspectos más críticos de un sistema de abastecimiento de aguas de consumo, puesto que es el que puede percibir más directamente el ciudadano y además puede tener una incidencia directa sobre su salud, siendo por tanto un tema de extremada sensibilidad. Afortunadamente, el agua de consumo se puede considerar el producto alimentario con el mayor nivel de control del mundo: contrariamente a lo que con frecuencia todavía creen algunos ciudadanos, dispone de total garantía sanitaria en todos los países y poblaciones de la UE, dónde su calidad se encuentra regulada por una legislación comunitaria muy exigente, tanto por lo que respeta a la frecuencia de control como a la extensa relación de parámetros -químicos y microbiológicos- que esta normativa fija analizar de manera sistemática. Además, a diferencia del resto de productos alimentarios, que únicamente pueden controlarse hasta el final del proceso de fabricación, el agua de consumo se controla además a lo largo de todo su ciclo de distribución y suministro, hasta la llegada a los domicilios de todos los ciudadanos. Es por todo ello que el agua que sale de nuestros grifos puede consumirse con total confianza y una completa garantía sanitaria.
«El agua de consumo se puede considerar el producto alimentario con el mayor nivel de control del mundo»
Una de las novedades más relevantes que ha aportado la legislación de la UE en los últimos años, primeramente a través de la Directiva (UE) 2015/1787 y más recientemente a través de la nueva Directiva de Aguas de Consumo (UE) 2020/2184, ha sido la introducción de la obligatoriedad de disponer de sistemas de evaluación y gestión de riesgos sanitarios en los abastecimientos de aguas de consumo: esto ha aportado una mejor visión de todos los posibles riesgos, así como un enfoque más preventivo para su gestión, redundando en una todavía mayor seguridad sanitaria de las aguas de consumo en España. Este proceso, que en muchos grandes abastecimientos del país se ha reforzado con la implantación de la norma internacional de seguridad alimentaria ISO 22000, se encuentra pendiente de completarse en los abastecimientos de menor dimensión, de acuerdo con los plazos definidos por la nueva Directiva.
Para poder alcanzar los estándares de calidad y seguridad exigidos actualmente, la gestión del suministro de aguas de consumo requiere, primeramente, de un gran nivel tecnológico para el tratamiento y distribución de las aguas de consumo y, en segundo lugar, de un exhaustivo control diario de la su calidad, para verificar la eficiencia de las medidas preventivas de gestión del riesgo implantadas. Esto permite garantizar su seguridad sanitaria durante las 24 horas del día.
En este contexto, es importante tener presente que la legislación sobre del agua de consumo ha ido mejorando en los últimos años, especialmente en Europa, de modo que se han ido fijando niveles máximos progresivamente más bajos de los parámetros legislados y regulando nuevos compuestos, de acuerdo con los avances científico-técnicos y las recomendaciones de organismos de reconocido prestigio, especialmente la Organización Mundial de la Salud (OMS).
«La gestión del suministro de aguas de consumo requiere de un gran nivel tecnológico y de un exhaustivo control diario de calidad»
Así, la nueva Directiva Europea de Aguas de Consumo (UE) 2020/2184, aprobada en diciembre de 2020, incluye diversos nuevos contaminantes, que será obligatorio determinar antes del año 2026, tales como las substancias perfluoroalquiladas (PFAS, compuestos de uso industrial de amplio espectro y presentes en muchos productos de uso cotidiano), los ácidos haloacéticos, los cloritos y los cloratos (subproductos de la desinfección), el bisfenol A (compuesto con efectos de disrupción endocrina que puede estar presente en diferentes elementos plásticos) o el uranio (metal radioactivo), todos ellos compuestos con potenciales efectos adversos sobre la salud humana por exposición prolongada a partir de ciertos niveles.
Diferentes empresas suministradoras de agua potable de España y el resto de Europa ya han implantado o están implantando las técnicas analíticas para analizar estos nuevos parámetros y algunas incluso los están ya analizando, a pesar de no ser todavía legalmente obligatorios: con la regulación de estos compuestos adicionales, en los próximos años se seguirá avanzando en materia de garantía sanitaria del agua de consumo. Por otra parte, la nueva Directiva también promoverá la información a los consumidores y el suministro gratuito obligatorio del agua del grifo en locales públicos y de restauración, para reforzar la confianza de la ciudadanía en el agua del grifo y fomentar su consumo, mucho más sostenible que el del resto de las aguas, como es bien sabido.
Pero además de los parámetros de nueva inclusión en la nueva Directiva (UE) 2020/2184, cada vez están más presentes, no únicamente en el entorno científico, sino también en la opinión pública, contaminantes de nueva preocupación: ejemplos claros son los microplásticos, los fármacos o los genes de resistencia a antibióticos, de los que se habla profusamente, alertando sobre nuevos posibles riesgos (en muchos casos todavía pendientes de valorar y “dimensionar” adecuadamente, especialmente en lo que respecta a la posible contribución de las aguas a la exposición global de la población).
Se trata de los tradicionalmente denominados “contaminantes emergentes”, actualmente más conocidos por el término CECs (contaminants of emerging concern), a los que se suman nuevos patógenos microbianos emergentes que, tras la irrupción de la pandemia COVID-19, sin duda cobrarán mayor relevancia: algunos de estos compuestos van a ser incluidos en la denominada “Lista de Vigilancia” de la nueva Directiva de aguas de consumo, para determinar su nivel de presencia en las aguas naturales y, posteriormente, valorar el nivel de riesgo para decidir si se acaban regulando para las aguas de consumo. Muchas de estas sustancias también se están considerando en estos momentos en la revisión de otras directivas europeas de calidad del agua, concretamente la directiva de aguas subterráneas (GWD) y la directiva de sustancias prioritarias que establece los estándares de calidad ambiental para las aguas superficiales (EQSD), así como para la nueva “Watch List” de la Directiva Marco del Agua (WFD).
«Diferentes empresas suministradoras de agua potable de España y el resto de Europa ya han implantado o están implantando las técnicas analíticas para analizar estos nuevos parámetros»
En este contexto de exigencias crecientes, hay que tener en cuenta que el control de todos estos compuestos requiere de metodologías analíticas complejas y esto comporta necesidades de inversión relevantes en equipamientos avanzados de última generación, al alcance de pocos laboratorios, así como personal altamente cualificado y trabajo adicional para las operadoras del servicio de suministro de agua de consumo. Es importante que la sociedad tome conciencia de la introducción de estas nuevas medidas en el control y mejora de la calidad del agua de bebida, así como de que, el hecho de que actualmente se determinen más contaminantes, no quiere decir que hace 20 años no pudieran estar presentes en las aguas, sino que simplemente no se disponía de la capacidad técnica para determinarlos (actualmente se pueden analizar muchos más productos químicos y además detectarlos a niveles mucho más bajos que hace unos años).
En este sentido, han resultado esenciales los avances científicos y tecnológicos de los últimos años, así como las mejoras en los sistemas de tratamiento de las aguas y en la gestión de su calidad, control y vigilancia, que han permitido que actualmente estemos más y mejor protegidos. En el futuro seguirá siendo necesario adaptarse a la legislación y seguir mejorando las tecnologías de tratamiento (intentando a la vez minimizar su impacto ambiental y mejorando su sostenibilidad) y los sistemas de medida, para detectar los niveles cada vez más bajos que la legislación seguirá introduciendo: todo ello ya lo vienen haciendo las compañías de suministro de agua potable de nuestro entorno desde hace años. Pero todos estos esfuerzos deberán ir acompañados, sin duda, de dotación de partidas presupuestarias especiales por parte de la administración, sin las cuales difícilmente podrán ser alcanzables estos objetivos en todo el territorio nacional.
«Los avances científicos y tecnológicos de los últimos años, así como las mejoras en los sistemas de tratamiento de las aguas y en la gestión de su calidad, control y vigilancia, han resultado esenciales»
Finalmente, pienso que es muy importante tener presente, en el ámbito de la calidad de las aguas, que la contaminación de los recursos acuáticos, con su impacto directo sobre los ecosistemas y posterior impacto ambiental de los tratamientos necesarios para potabilizarlas, debe prevenirse en origen, con medidas como la regulación de la comercialización de las sustancias y restricción de las más peligrosas, un control regular de los principales focos de emisión y la priorización de la instalación de tratamientos locales de aguas residuales en los “hot spots”. Esto está en línea con la estrategia general de la UE (EU Green Deal, 2019), si bien pendiente en gran parte de desarrollo (por ejemplo, aplicación del “principio del contaminante paga” (PPP) contenido en la Directiva Marco del Agua). Por tanto, la intensificación de los tratamientos en las EDARs y ETAPs, que puede llegar a ser muy costosa energéticamente y en consumo de reactivos químicos, debería ser siempre la última solución posible al problema de la contaminación de las aguas residuales y de los recursos acuáticos.
En síntesis, hay que tener presente que la mejor garantía de la calidad del agua del grifo es el exhaustivo control de calidad, tanto químico como microbiológico, al que se encuentra sometida, juntamente con una estricta gestión de los riesgos sanitarios: esta vigilancia y gestión permanentes, combinadas con mayores acciones de difusión, deben permitir que la ciudadanía pueda tener total confianza en esta agua. Pero también hay que tomar conciencia de las necesidades inversoras del sector y de la importancia de la contribución de los hábitos individuales, de la prevención de la contaminación en origen y de la responsabilidad ambiental y la implantación de las mejores prácticas operativas por parte de las empresas suministradoras, para poder gestionar el ciclo del agua de manera eficiente pero también más sostenible, con menor impacto ambiental y en alineación con el Green Deal de la UE y los ODS de Naciones Unidas.
