España cuenta con empresas gestoras del ciclo integral del agua punteras en el mundo y esto es debido a los especiales condicionantes de nuestro país, fundamentalmente por nuestra ubicación geográfica y a la respuesta que se ha tenido que dar para convivir con una situación de desertificación y estrés hídrico histórica, lo que nos ha permitido ser pioneras en desalación de agua de mar, en tecnología de plantas de tratamiento y en modelos de gestión.
Las empresas españolas son pioneras en desalación de agua de mar, en tecnología de plantas de tratamiento y en modelos de gestión
Nuestro país, como no podía ser de otra manera, se ha adherido con entusiasmo, desde todos sus estamentos (administraciones, empresas y sociedad) al programa de Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), donde el agua (ODS 6) es el centro de las actividades y acciones de nuestro sector y la colaboración público-privada y la alianza entre organizaciones (ODS 17) se manifiesta como la herramienta imprescindible sobre la que tiene que pivotar la forma de mejorar en todas nuestras acciones.
Para propiciar el desarrollo del ODS 6, es necesaria la inversión en el sector del agua urbana, tanto en nuevas infraestructuras, como en renovación de las ya existentes. Desde la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), hemos reclamado insistentemente a la administración pública, en todos sus estamentos (Nacional, Autonómico y Local) afrontar este hecho con seriedad y a la mayor brevedad posible. Sólo así será factible seguir garantizando el acceso a abastecimiento y saneamiento a medio y largo plazo, es decir, asegurar su sostenibilidad. De esta forma, seremos capaces de ponernos al nivel de las exigencias de calidad que emanan de Europa y de los requerimientos de la sociedad a la que servimos.
La clave para una correcta gestión del agua urbana, es la colaboración entre todos los agentes implicados: empresas y administración
Creemos que la clave para dar con la fórmula que permita una correcta gestión de la infraestructura, cubriendo los costes de explotación diaria, de reposición y, que alcance también para las obras de nuevo desarrollo que sean necesarias, es la colaboración entre todos los agentes implicados, administración y empresas.
El extraordinario hito que representa la llegada de los fondos europeos Next Generation, nos tiene que predisponer a todos a forzar la maquinaria que nos permita ser capaces de gestionar técnica, económica y financieramente la enorme cantidad de dinero del que seremos objeto como país. Para ello, tenemos que agilizar los procesos y procedimientos, desde las administraciones públicas y con la colaboración de las empresas, si queremos ser eficientes con los objetivos marcados.
Tenemos que agilizar los procesos y procedimientos, desde las administraciones públicas y con la colaboración de las empresas
En el marco de lo enunciado anteriormente, el sector del agua urbana debería ser un vector tractor en la economía de los municipios, la más cercana al ciudadano. Esto puede ser un acicate, especialmente para pequeños municipios con menor densidad de población, en los que las obras de abastecimiento y saneamiento ofrecería un importante número de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos.
En la línea de modernización y transformación del propio sector, estamos trabajando en temas transversales en los que el sector puede ser también una fuente de trabajo y desarrollo. Uno de ellos es el de la digitalización, necesaria para un mayor control y automatismo de la gestión de las infraestructuras de agua; el sector está llevando a cabo alianzas específicas con empresas tecnológicas para, por ejemplo, avanzar en el desarrollo e instalación de contadores domésticos a distancia y telelectura. Estos equipos facilitan un mayor conocimiento, para la empresa y para los usuarios, de la información de los diferentes tipos y hábitos de consumo, lo que redunda en una mayor transparencia de la información y en la participación del cliente en la toma de decisiones sobre sus consumos de agua.
Para que todo lo anterior pueda desarrollarse, es necesario tener un marco legislativo claro, estable y adaptado a las necesidades actuales y para ello, desde la Asociación estamos siguiendo muy de cerca toda la actualización de la normativa y legislación.
Es necesario tener un marco legislativo claro, estable y adaptado a las necesidades actuales
Antes de verano, se publicó en el BOE la modificación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico; en junio se abrió la fase de consulta pública -con plazo hasta el 22 de diciembre- en relación a los Planes Hidrológicos del tercer ciclo de planificación (2022-2027); acaba de cerrarse el periodo de consulta pública sobre la modificación del Reglamento de Planificación Hidrológica. Diversas comunidades autónomas -como la extremeña, gallega y castellano manchega- han redactado o modificado leyes propias en materia de agua; adicionalmente, en el momento de publicación de esta tribuna, está en fase de consulta pública el Proyecto de Real Decreto de Calidad del Agua de Consumo Humano. Esta normativa, modifica a la existente, a consecuencia de la Directiva (UE) 2020/2184 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. En la trasposición que se está haciendo, se ha decidido apostar por una política de “máximos”, entre los que cabe destacar:
- La gran cantidad de información que hay que poner a disposición de los usuarios del servicio de agua, lo que exigirá un enorme trabajo por parte de los titulares y los gestores del agua, en algunos casos con información no relevante para el usuario.
- Condicionantes técnicos que pondrán en evidencia la falta de inversión en infraestructuras, que llevamos arrastrando desde los últimos 12 años y que llevarán a la necesidad de habilitar mecanismos para su adaptación en los tiempos marcados en el nuevo texto legislativo.
- Formación para los trabajadores del sector que no está acorde con las necesidades reales del sector, con plazos para acreditar dicha formación tan breves que será imposible adecuarse a la nueva normativa si la administración pública, en paralelo, no activa un gran número de procesos de formación y acreditación de competencias profesionales, que dependen de ella.
Como puede comprobarse, el sector afronta grandes retos de distinta naturaleza. Por un lado, la adaptación a las nuevas reglas de juego que supondrá la nueva normativa que se irá aprobando en los próximos meses. Por otro, el desafío que supone una inversión pública a la baja (incluso contando con los fondos Next Generation para sumarlos a los Presupuestos Generales del Estado, se alcanza únicamente, a igualar las cifras de inversión anual de los años anteriores).
Tenemos que ser capaces de llegar al gran público, para que así, sea la propia sociedad la que exija a los actores implicados la necesaria inversión en agua
Por tanto, el desafío para el año hidrológico que acabamos de estrenar es múltiple: (i) conseguir una normativa renovada que apueste por lo importante; (ii) acordar con la administración pública nuevas formas de financiación, que permitan multiplicar el efecto de la llegada de los fondos europeos y agilizar los procesos de desarrollo y ejecución de proyectos; (iii) y ser capaces de llegar al gran público, para que así, sea la propia sociedad la que exija a los actores implicados la necesaria inversión en agua, que ahora sólo se reclama cuando el servicio falla (y no falla casi nunca…).
