Pensamos tanto en alta velocidad o en aeropuertos de primera línea mundial que no se nos olvidan a veces cosas básicas, como la depuración.
Estamos acostumbrados a abrir el grifo y tener agua sin reparar en todos los procesos de tratamiento, distribución y depuración necesarios que hay detrás, y que precisan de la financiación necesaria para su puesta en marcha.
En estos tiempos de la economía circular, hay, por ejemplo, nueve localidades en España de más de 15.000 habitantes sin sistemas colectores y de tratamiento adecuados.
Una paradoja que nos pasa factura, en tanto en cuanto el Tribunal de Justicia de la UE sancionó a España con una multa de 12 millones de euros, a lo que hay que sumar 10,9 millones por cada semestre extra de retraso en su cumplimiento, algo que podría extenderse todavía tres años más.
A ello hay que añadir los incumplimientos en más de medio millar de municipios de más de 2.000 habitantes, que también nos pueden conllevar graves sanciones.
En estos momentos, y ante esta tesitura, España trabaja sobre la base de un esquema que se ha denominado Plan DSEAR, pero desearíamos mayor agilidad en su aplicación, porque esta iniciativa se debería concretar en el plazo de menos de un año en un plan de acción de verdad, con medidas, calendarios y fórmulas de participación.
Y ese conjunto de medidas del PLAN DSEAR sería conveniente que incluyera y concretase las infraestructuras pendientes y la inversión necesaria para acometerlas.
En un vistazo al programa político del PSOE de las últimas elecciones, en las que resultó la fuerza política más votada, vemos cómo se habla de un nuevo y urgente plan (el DSEAR), pero nada de las urgentes y pendientes depuradoras.
En España pues, lamentablemente, tenemos por costumbre hablar de agua pensando en planes y no en infraestructuras. Nos hace falta un cambio cultural con el agua y ningún partido político, vencedor o derrotado, parece haberlo asumido.
España tiene 500 actuaciones pendientes prioritarias en materia de agua, con una inversión total necesaria de 12.000 millones de euros
500 actuaciones pendientes
España tiene 500 actuaciones pendientes prioritarias en materia de agua, con una inversión total necesaria de 12.000 millones de euros
Las depuradoras son solamente la punta del iceberg.
En realidad, España tiene 500 actuaciones pendientes prioritarias en materia de agua, con una inversión total necesaria de 12.000 millones de euros. El 38% de esas infraestructuras son de naturaleza básica y, por tanto, su no ejecución es motivo de sanción por parte de Bruselas.
¿Cómo disponer de la financiación necesaria para tal magnitud de actuaciones pendientes? Desde luego con recursos públicos solamente será del todo imposible conseguirlo. Solo en el último año la contratación de ingeniería en España para infraestructuras del ciclo integral del agua cayó un 83%.
Bruselas y la reducción del déficit no conforman precisamente el escenario inversor público más halagüeño.
Por tanto, desde FIDEX abogamos por un cambio normativo para dar entrada a la financiación privada y obtener los recursos financieros necesarios para la ejecución de estos proyectos, es decir, promover la colaboración público-privada en materia de agua.
Para ello es necesario modificar la Ley de Desindexación de la Economía Española -que elimina las subidas automáticas de precios en función del IPC en el sector público- para impulsar la Colaboración Público Privada (CPP) en el sector de las grandes infraestructuras.
Esta modificación debe hacerse en el desarrollo reglamentario del artículo 10 de esta Ley, aprobada en 2017, que reduce a mínimos la rentabilidad de los contratos de concesión, ahuyentando al inversor privado y dificultando el lanzamiento de planes de inversión pública basados en esta fórmula de financiación privada.
De hecho, la norma especifica que la rentabilidad media de un proyecto en concesión a más de cinco años de plazo no podrá superar el valor de la deuda del Estado a diez años más un diferencial de 200 puntos básicos.
Esto significa que la rentabilidad para un contrato de concesión a cinco años está muy por debajo (3,5%) de los umbrales mínimos (6%-8%) a los que está dispuesto a entrar un fondo privado.
Por tanto, mientras el escenario inversor no sea el adecuado, por mucho que desde la Administración haya un cambio de actitud hacia la colaboración público-privada, nada conseguiremos.
Se necesita un cambio cultural, sí, pero también uno legal que lo sustente.
Fernande Argüello es director general del Foro para la Ingeniería de Excelencia (FIDEX)
