El agua es un recurso que tiene un valor económico a partir de los beneficios que este aporta a las personas y a la naturaleza. En el primer caso, el agua satisface necesidades básicas del ser humano, al tiempo que es un insumo para la producción de bienes y servicios. Incluso el agua posee valores culturales y estéticos. En este sentido, su valor depende de lo que las personas estén dispuestas a hacer para acceder a ella, desde colectarla en un arroyo, hasta construir una presa o un acueducto para transportarla cientos de kilómetros. En la medida que el agua es percibida como más escasa, las personas estaremos dispuestas a hacer más sacrificios por tenerla, aún a una escala individual.
Como todo bien económico, el valor que este representa para las personas puede expresarse en términos monetarios. Sin pretender convertir al agua en una mercancía, asignarle una unidad monetaria permite dimensionar el valor del agua en comparación con el valor de todas las otras cosas que tenemos a nuestro alrededor y nos permite entender el “nivel de sacrificio” o lo que “estamos dispuestos a pagar” por tener agua en cantidad y calidad suficientes.
«En algunos casos las personas estamos dispuestas a pagar por encima del valor de mercado, y en otros casos valoramos el agua menos que el precio del mercado»
Es común que el valor económico y el de mercado confundan. El segundo se refiere al precio que todos pagamos por tener agua, ya sea que la compramos a un camión cisterna, que la recibimos por medio de tubería o que la adquirimos por litro en la tienda de conveniencia. Lo más común es que ambos valores sean distintos. En algunos casos las personas estamos dispuestas a pagar por encima del valor de mercado, y en otros casos valoramos el agua menos que el precio del mercado. Cuando ambos valores son significativamente distintos, las personas nos confundimos y nuestras decisiones de consumo y ahorro pueden no ser las social y ambientalmente adecuadas.
Dos ejemplos nos pueden ayudar a entender los impactos negativos de estas diferencias de valor. Un primer ejemplo es el precio del agua que se paga en la agricultura y que, en la mayor parte de los países de América Latina, este está por debajo del valor que los agricultores le asignan. Prueba de ello es que en muchas regiones el uso del agua en esta actividad está por encima de la que debería ser, lo que conduce al agotamiento acelerado y contaminación de las fuentes de agua. Existen muchos estudios que indican que los productores estarían dispuestos a pagar más por el agua que utilizan, lo que probablemente conduciría a que los mismos agricultores se preocupen más por conservar el agua.
Un segundo ejemplo se da en zonas que no tienen acceso a agua entubada y que se surten a partir de toneles o barricas de agua. Nuevamente está documentado que el precio de este servicio está varias veces por encima del que pagan aquellos ciudadanos que recibimos el agua por medio de tubería. Lo más común es observar en estas comunidades que el agua tiene uno, dos o hasta tres usos. El primero para tomar y cocinar, el segundo para lavar y el tercero para regar las plantas.
¿Cuál debería ser el precio adecuado del agua?
Una de las preguntas más recurrentes en la conversación pública sobre el agua, es cuál debería ser su precio. Hay quienes opinan que el precio debería ser cero o muy bajo, lo cual aseguraría que todas las personas tuviéramos acceso al agua. Hay otro grupo que defiende la idea que el precio del agua debería reflejar su costo tanto de extracción, potabilización, transporte e incluso hacer una previsión para cuando el agua sea más escasa y haya que bombearla a más profundidad, utilizar un tratamiento más sofisticado o desalarla.
Es muy común que las posiciones en este debate sean totalmente opuestas. En mi opinión, ello se debe principalmente, a que ambos criterios se asocian con una misma persona y no se separa el precio de quién lo paga. Separar ambos criterios puede permitirnos tener al mismo tiempo un enfoque de racionalidad económica y uno de equidad. Equiparar el precio del agua a su costo, tiene la ventaja que se envía las señales correctas a las personas de tal forma que induce un nivel de consumo más alineado con las condiciones de escasez o abundancia del agua. Así, un precio más alto reflejará una mayor escasez y hará que las personas seamos mucho más cuidadosas con el agua, evitando el desperdicio. Lo contrario sucederá con un precio relativamente bajo, lo que indicará que el agua es abundante y quizá podemos tomarnos baños más largos o regar el jardín con mayor frecuencia.
Es común pensar que priorizar la racionalidad económica, implicaría que las personas en situación económica menos favorable no tendrían dinero suficiente para pagar por el agua. En estas circunstancias, es factible diseñar un apoyo focalizado que permita a las familias de bajos recursos, pagar el precio del agua. Este mecanismo tiene la ventaja que al mismo tiempo que facilitar el acceso al agua, mantienen las señales de escasez o abundancia claras para que las personas hagan el mejor uso posible del agua. Adicionalmente, evita que se usen recursos públicos escasos para apoyar a las personas que tienen capacidad para pagar el costo real del agua.
¿Cómo avanzar al mismo tiempo en la equidad y la eficiencia?
Más allá que teóricamente es posible separar el precio del agua de quién lo paga para cumplir al mismo tiempo criterios de eficiencia y de equidad, la pregunta es cómo hacerlo en la práctica. Si bien no tengo la respuesta completa, me parece que hay dos caminos que podemos emprender.
«Debemos conseguir que el precio del agua revele su verdadero costo»
El primero es lograr que el precio del agua refleje su verdadero costo. Ello pasa por entender qué tan escasa o abundante es y cuáles son los límites a su uso para garantizar que lo ecosistemas que dependen de ella se mantengan saludables. Así como estimar adecuadamente los costos de preservar la infraestructura natural necesaria para asegurar el ciclo del agua, de almacenarla, potabilizarla, transportarla, y depurarla antes de regresarla a la naturaleza con la mejor calidad posible. Finalmente, que todos estos elementos estén correctamente incorporados en las tarifas de agua.
En cuanto a la equidad, la mayor parte de las recomendaciones de expertos sugieren reducir los subsidios generalizados a las tarifas sean para consumo humano, comercial, industrial y agrícola y con los recursos generados, financiar programas de apoyos focalizados a quienes por razón de pobreza no pueden pagar las tarifas de agua. Una segunda alternativa es implementar mecanismos financieros con tasas reducidas para pequeños empresarios sean agrícolas, ganaderos, industriales y de servicios, incorporen prácticas y tecnologías de bajo consumo de agua.
Actuar colectivamente a partir de un diálogo objetivo
A pesar de tener cerca de 30 por ciento de las reservas mundiales de agua dulce y tan solo el 10 por ciento de la población, el futuro de la seguridad hídrica en América Latina presenta retos significativos. Desde la falta de acceso a servicio de agua potable segura de cerca de 200 millones de ciudadanos, a la más que duplicación de los habitantes que vivirán en estrés hídrico en los siguientes diez a quince años. Hasta la presencia de fenómenos naturales extremos como huracanes y sequías que cada año generan cientos de millones de dólares en daños.
«Una parte de la solución pasa por valorar el agua y a partir de ello, reformar los modelos económicos para su gestión»
No tengo duda que al menos una parte de la solución pasa por valorar el agua y a partir de ello, reformar los modelos económicos para su gestión. Las áreas urbanas, donde pronto habitarán el 90 por ciento de los latinoamericanos, deben comenzar a mapear sus riesgos hídricos y generar las políticas y proyectos para mitigarlos. Es muy posible que dichos riesgos se ubiquen en algún río, humedal, bosque o zona agrícola a cientos de kilómetros de la ciudad. En este sentido, lo más probable es que sea menos costoso para la autoridad del agua de la ciudad, invertir en mejorar las prácticas agrícolas, en conservar humedales, bosques y ríos, que construir y operar un nuevo acueducto o presa.
Los Fondos de Agua impulsados por la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua[1] son mecanismos de acción colectiva, que promueven mecanismos financieros y de gobernanza, que priorizan el uso de soluciones basadas en la naturaleza y en la gestión sostenible de las cuencas, para contribuir a la seguridad hídrica. Los Fondos de Agua han sido impulsores del debate abierto sobre el valor del agua y de cómo internalizar este valor en el diseño de políticas públicas y regulaciones en la materia.
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[1] La Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua es un acuerdo firmado desde 2011 entre el Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación FEMSA, The Nature Conservancy, el Gobierno Alemán a través del Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial para contribuir a la Seguridad Hídrica de América Latina, a través de apoyar la creación y fortalecimiento de fondos de agua.
