Cada año lo empezamos con una invitación a reflexionar sobre la educación con dos conmemoraciones casi consecutivas, el Día Mundial de la Educación y el Día Mundial de la Educación Ambiental.
Si la educación es uno de los derechos constitutivos de la declaración de derechos humanos, su inclusión como el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible hace más patente si cabe la conexión entre saber y hacer, entre ser y habitar; entre persona y planeta.
Y es que la educación juega un papel fundamental y a la vez calidoscópico en nuestras vidas: debe garantizarnos un acceso al conocimiento desde principios de excelencia y equidad, debe dotarnos de las herramientas funcionales y emocionales para desenvolvernos satisfactoriamente en sociedad y de manera armónica con el entorno, debe contribuir a forjar en nosotros una ciudadanía responsable y crítica, y también debe formarnos para ser profesionales con oportunidades de éxito en el contexto laboral, económico y tecnológico presente y futuro.
Abundando precisamente en este último aspecto, son varias las reformas que pretenden abordar el gran reto de la formación profesionalizadora en nuestro país: el plan de modernización y la nueva ley orgánica de la Formación Profesional, así como la formación dual universitaria son los casos más relevantes.
«Articulemos la formación continua atractiva y flexible, para adaptarse a la digitalización, la innovación y el emprendimiento del nuevo contexto tecnológico y verde»
Seamos positivos: consideremos la recién aprobada ley orgánica de la FP mejor que perfecta. No lo es (ni mucho menos, dirán algunos no sin falta de razón crítica) pero cuenta con algo más importante si cabe: un notable apoyo parlamentario y acuerdo entre los agentes sociales.
Una vez aprobada en el Parlamento, ahora toca desplegar sus potencialidades al máximo y con determinación. Mejoremos la cualificación de todos los profesionales extendiendo el modelo dual de formación en sus dos modalidades previstas para facilitar el ingreso al mercado laboral de jóvenes profesionales e incrementar la productividad de nuestros sectores económicos. Reconozcamos las competencias de los profesionales en activo mediante procesos abiertos y permanentes de acreditación. Y articulemos la formación continua atractiva y flexible, para actualizarse y adaptarse a la digitalización, la innovación y el emprendimiento imprescindibles en el nuevo contexto tecnológico y verde.
No hay tiempo que perder. Pónganse las distintas administraciones el vestido elegante de la complicidad institucional y pongámonos empresas y centros formativos el mono de trabajo de la colaboración público-privada para consolidar la corresponsabilidad en la formación y la cogobernanza que la ley prevé, ni más ni menos ¡Y a trabajar!
Lluc Pejó es es director de La Escuela del Agua.
