El cumplimiento de los 17 Objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas va a condicionar cada vez más la acción de los Gobiernos, y muy particularmente sus estrategias en materia de infraestructuras, que tienen un destacable protagonismo en al menos cinco de estas metas.
En salud y bienestar, tenemos el objetivo de reducir a la mitad las muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico, para lo que debemos centrar el esfuerzo en mejorar nuestra red viaria convencional que concentra el 80% de los fallecidos. El objetivo denominado agua limpia y saneamiento implica garantizar el acceso al agua potable, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando la reutilización y el uso eficiente de recursos hídricos, es decir, invirtiendo en infraestructuras de depuración, saneamiento y reutilización, algo que no venimos haciendo, y por cuyo incumplimiento Europa nos está imponiendo multas y sanciones.
Cumplir con éxito esta Agenda constituye, además de un reto global, un ineludible ejercicio de responsabilidad para nuestros Gobiernos, que, con la inversión pública en mínimos históricos, necesariamente requerirán de nuevos modelos de financiación y del acuerdo de nuestras principales formaciones políticas para materializar una visión de Estado en la sostenibilidad de nuestras infraestructuras, y de nuestro futuro.
