La despoblación del medio rural y el descenso de actividad agraria hace los montes más vulnerables al fuego. En España las áreas arboladas aumentaron de 12 a 17 millones de hectáreas entre 1980 y 2010. Se aumenta el gasto en extinción sin que paralelamente se pongan en marcha políticas preventivas integrales para reducir la vulnerabilidad del territorio, defiende el experto en gestión forestal de la Universidad de Extremadura Fernando Pulido, quien aboga por diseñar paisajes inteligentes contra el fuego
Fernando Pulido Fernando Pulido es profesor en el Grado de Ingeniería Forestal y del Medio Natural de la Universidad de Extremadura y coordinador del proyecto Mosaico contra incendios
Incendio Villariño de Conso, Orense. Foto de @brais_lorenzo
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La literatura estival sobre los grandes incendios forestales en los últimos años transmite al público la sensación de que estamos ante catástrofes ineludibles a pesar de las cifras mareantes invertidas en las medidas de extinción. Tras el drama, nos centramos justamente en señalar al terrorista ambiental que generalmente provoca la ignición, pero no reparamos en la existencia de vastas masas forestales carentes de planificación sin las cuales el incendio hubiera sido más fácilmente controlable.
En España las áreas arboladas aumentaron de 12 a 17 millones de hectáreas entre 1980 y 2010, y en el conjunto de los países mediterráneos la superficie forestal ha crecido un 0.85% anual cuando a nivel mundial ha decrecido un 0.13% entre 1990 y 2015. Este avance de la superficie forestal supone la prestación de inestimables servicios a la sociedad ligados a los bosques en general, pero acarrea serios problemas en regiones o comarcas donde la despoblación y la consiguiente pérdida de actividad agraria llevan la masa forestal y los incendios asociados al borde mismo de pueblos o ciudades.
«Estamos renunciando a diseñar “paisajes ignífugos” donde los incendios tengan dimensiones controlables y el riesgo para los equipos de extinción disminuya drásticamente»
Por ello, y a la vista de los desastres humanitarios y ambientales que esta situación acarrea, hace tiempo que existe consenso en la comunidad científica para reclamar un cambio de paradigma. Pese a ello, la respuesta viene siendo el aumento en el gasto destinado a la extinción sin que paralelamente se pongan en marcha políticas preventivas integrales para reducir la vulnerabilidad del territorio. Por utilizar un término muy didáctico, estamos renunciando a diseñar “paisajes ignífugos” donde los incendios tengan dimensiones controlables y el riesgo para los equipos de extinción disminuya drásticamente.
Olivar explotado interrumpiendo la continuidad de un incendio en la Sierra de Gata (Cáceres).
«Se aumenta el gasto en extinción sin que paralelamente se pongan en marcha políticas preventivas integrales para reducir la vulnerabilidad del territorio»
El diseño de paisajes inteligentes contra el fuego es desde luego mucho más complejo técnicamente que otras medidas convencionales porque involucra a numerosos agentes sociales, especialmente aquellos cuya actividad agrícola, ganadera o forestal ayuda a reducir la continuidad del combustible vegetal. Habrá quién lo considere utópico, pero ninguna otra alternativa puede ofrecer más beneficios a menor coste.
En efecto, rentabilizar la prevención de incendios favoreciendo la actividad agroforestal en el territorio mitiga además la despoblación e interpone en el paisaje grandes barreras a la expansión a modo de “cortafuegos productivos” que se mantienen sin apenas coste público gracias a su propia rentabilidad. Es más, lejos de concebirse como una novedad académica, la noción del cortafuegos productivo está arraigada en la mente de cualquier habitante experimentado del medio rural, sabedor de que ese ha sido históricamente su mecanismo de defensa frente a los incendios.
«En España las áreas arboladas aumentaron de 12 a 17 millones de hectáreas entre 1980 y 2010, al mismo tiempo que aumentaba la despoblación rural y decrecía la actividad agraria»
El enfoque descrito se viene poniendo en práctica desde 2016 en tres comarcas cacereñas por parte de la Junta de Extremadura con el apoyo técnico de la Universidad de Extremadura (proyecto Mosaico).
Este proyecto piloto de carácter participativo ha apoyado ya más de 200 iniciativas que pueden generar un paisaje en mosaico en el que coexisten teselas forestales, agrícolas y ganaderas. Aún más importante, el proyecto ha identificado en este tiempo todas las barreras que ralentizan la ejecución de sus objetivos, acumulando una experiencia exportable dentro y fuera de España.
A día de hoy se puede concluir que la implantación generalizada de los cortafuegos productivos como base de los paisajes en mosaico requiere fundamentalmente de un marco legal apropiado que reconozca expresamente la contribución de los actores del campo en la lucha contra los incendios (sobradamente documentada), y ello es aplicable por igual a los sectores maderero, resinero, ganadero o agrícola porque todos ellos contribuyen a mitigar el riesgo. Hecho esto, sólo se requiere voluntad y capacidad de concertación para que las políticas sectoriales y transversales implicadas financien las necesarias herramientas de ayuda al gestor local del territorio. Entre ellas se encuentran el pago por los servicios de prevención prestados, la mejora de infraestructuras básicas de apoyo o la tramitación rápida y preferente de las iniciativas con valor preventivo.
«La noción del cortafuegos productivo está arraigada en la mente de cualquier habitante experimentado del medio rural»
Valle de Ovejuela, en la comarca cacereña de las Hurdes. Se puede apreciar la gran continuidad de pinos plantados en repoblaciones de hace décadas y la falta de presencia humana. Los claros en el monte son la huella de incendios pasados, que periódicamente afectan a este territorio.| FOTO: MartinRed
Además de la aportación en materia de incendios, la figura de los cortafuegos productivos extendida a todas las áreas con alto riesgo puede ser un gran revulsivo para el desarrollo local contra la despoblación. Podría ser solicitada desde los ayuntamientos interesados para ser implantada en los municipios con diferentes tipos de apoyo por parte de las administraciones regionales.
Podría también impulsarse desde colectivos agrarios (cooperativas, asociaciones de productores y transformadores) con el apoyo público de instrumentos específicos de la Política Agrícola Común. Existe, además, un gran potencial para la comercialización de productos certificados procedentes de áreas productivas que contribuyen a la prevención de incendios, tales como carnes o lácteos de caprino u ovino, frutos, aceites, esencias, resinas, biomasa y un largo etcétera.
«La lucha contra los incendios y la despoblación son dos problemas inseparables»
La implantación de este sistema de apoyo, por último, generaría una elevada demanda de servicios hasta ahora inexistentes a empresas especializadas en el sector agroforestal, propiciando una nueva línea de negocio cuyo desarrollo conduciría a la creación de empleo dentro y fuera de las comarcas involucradas.
La propuesta que hemos esbozado está ya siendo ensayada como experiencia piloto en territorios concretos y no requiere de grandes presupuestos para ejecutarse; ni siquiera compite con los fondos destinados a la prevención o la extinción porque sólo requiere la reorientación de políticas actualmente dispersas hacia el objetivo común de la lucha contra los incendios y la despoblación, dos problemas inseparables.
Seguir confiando el futuro de nuestro medio rural a medidas reactivas y no a políticas proactivas es temerario. Las enormes extensiones de combustible forestal que resultan del abandono de la gestión y la aridez climática no dejarán de crecer en las próximas décadas. De no adoptarse un modelo integral en el que todas las políticas sectoriales aporten su cuota de responsabilidad en la prevención, hablaremos de la destrucción por las llamas de decenas o cientos de miles de hectáreas y de la asfixia completa de pueblos o ciudades.
