En las últimas décadas , México ha luchado por su avance económico y democrático, mínimo si se quiere , pero avance al fin. El hartazgo de la mayoría de la gente por las tranzas y desmanes de los políticos priistas y panistas, le dio al actual presidente de la república un poder no visto antes. Un Presidente que había ganado el cargo con la mayor cantidad de votos en la historia comenzó intentando someter a los gobernadores mediante la creación de superdelegados del ejecutivo en cada estado con facultades para intervenir en la asignación de recursos financieros y a ello agregó que, en cada una de sus giras por los estados, los simpatizantes del Ejecutivo pegaran rechiflas a los mandatarios estatales cada vez que el presidente los presentaba en público, llevándolos de acompañantes, forzados por el protocolo, durante los eventos de cada gira de trabajo.
Esa situación, a la que podemos agregar la fuerza política intrínseca de la Presidencia de la República, hizo que la mayoría de los gobernadores se comportaran ante Andrés Manuel López Obrador, como personas complacientes casi hasta la sumisión, haciendo todo lo posible por simpatizar al primer mandatario y esperando como recompensa un apoyo abierto y consistente.
Eran muy pocos los que se atrevieron a plantarle cara al Presidente en esos momentos: el chihuahuense Javier Corral, el tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca y el jalisciense Enrique Alfaro. Para contarlos, sobraban una mano y dos dedos.
Sin embargo, a la cuarta parte del periodo presidencial –que se cumple justo ahora–, las cosas van cambiando cada vez más y se ve que mucho falta en ese frente.
Más allá de la vieja y desgastada Conago, están los mandatarios surgidos del PAN y los de los estados del noreste y de centro-occidente. Varios de ellos han hecho alianza para reclamar un trato más equitativo en lo fiscal y se van uniendo en grupos partidistas, regionales y temáticos para aumentar su peso político.
Sin embargo, la epidemia del coronavirus ha servido en forma importante como ninguna otra cosa, por volver visibles a las entidades federativas.
El miércoles pasado, el presidente López Obrador tuvo que admitir que el gobierno federal no tenía la capacidad de imponer nada a estados y municipios, en el momento de presentar su plan de tránsito a la “nueva normalidad”.
“Si hay una autoridad municipal o estatal que, de acuerdo con las características propias de cada región, de cada estado, decide que no va a acatar este plan, no habrá controversia”, dijo. “No vamos a pelearnos, no vamos a dividirnos, no vamos a apostar por la separación”.
Jalisco es el caso más claro de muchas entidades de la Federación, que se han atrevido a tomar decisiones a contrapelo en cuanto a la atención de la pandemia. Su gobernador, Enrique Alfaro, ha recorrido su propio camino o se ha adelantado a las medidas adoptadas desde la Ciudad de México. Afortunadamente para él y sus gobernados, las cosas le han salido, situación que a veces ha causado profundo malestar en Palacio Nacional.
Cada vez más gobernadores se han ido por su cuenta. Por ejemplo, antes de que el gobierno federal anunciara que el regreso a clases quedaba pospuesto hasta que hubiese condiciones sanitarias adecuadas, 14 estados ya habían decidido o ya estaban pensando declarar que los alumnos no volverían a las aulas hasta agosto. Jalisco no ha sido el único en caminar por su propio camino.
La presidencia de López Obrador, ha enfrentado la rebeldía incluso de algunos de los gobernadores surgidos al amparo de su partido, como los gobernadores de Morelos y Puebla, cuyos estados están sufriendo por los contagios de covid-19.
El miércoles se anunció en Palacio Nacional que para el próximo lunes, se daría la primera medida del desconfinamiento que sería el regreso a las actividades, en 269 municipios sin infecciones de coronavirus y sin vecindad con demarcaciones que las tuvieran. “Municipios esperanza”, les llamaron de manera rimbombante.
Pero ayer, en Imagen Radio, los presidentes municipales de Real de Catorce, San Luis Potosí, y Ometepec, Guerrero –dos de esos “municipios esperanza”–, dijeron que ellos no están de acuerdo con poner fin a la cuarentena, pues temen que eso ponga en riesgo a sus habitantes.
El gobierno federal se enredó, como si le hiciera falta, con otra de las medidas: la reapertura de la industria automotriz. Mientras la secretaria de Economía, Graciela Márquez, dijo que se haría el lunes 18, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, la corrigió unas horas después y dijo que sería el 1 de junio.
No pasó mucho tiempo para que varios gobernadores dijeran que en sus estados las plantas automotrices abrirán cuando ellos digan.
Las redes sociales se hace eco de estas situaciones:
“Las encuestas de popularidad, el último clavo ardiente del que están colgados los andresistas, claramente no pintan la imagen completa del verdadero poder que el presidente tiene. Apenas en un mes no pudo pasar por el congreso su capricho de «leyes» usando como pretexto la pandemia, incluido el apropiarse del control del presupuesto, y ahora los gobernadores se le ponen al brinco. ¿Es por eso el anuncio del Secretario de Hacienda de ayer de que «a lo mejor» les van a disminuir sus participaciones? ¿La venganza del ganso?”
