La crisis del COVID-19 ha provocado que en abril el precio de la electricidad haya sido el más bajo en seis años (17,65€/MWh), habiendo experimentado una disminución de la demanda del 17,4% respecto al mes anterior, algo que se explica por el parón industrial que se ha producido por el confinamiento durante la crisis sanitaria y la caída del precio del petróleo, marcando mínimos históricos. La situación para los próximos meses, siempre que no se produzca un rebrote, tenderá a normalizarse, pero esta crisis ha traído consigo algunos cambios que afectarán al funcionamiento normal de las empresas productoras de energía.
El primer cambio que van a notar las empresas del sector se refiere a los ingresos, principalmente debidos a la caída de la demanda, que la Agencia Internacional de la Energía cifra en un 6% a nivel mundial. Además de la contracción de los ingresos debido a la caída de la demanda, también afectarán a las cuentas de las eléctricas el aumento de abonados que se acojan a las tarifas especiales del bono social que, teniendo en cuenta las estadísticas proporcionadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a finales de 2019 suponían un total de 1.303.530 beneficiarios del Bono Social, un millón más que en 2018.
Otro caballo de batalla durante esta crisis sanitaria ha sido el debate sobre el establecimiento de un precio máximo de la luz o la intervención de las compañías eléctricas por parte del Estado, algo que finalmente no se ha producido, pero existen sobre la mesa propuestas a futuro de algunos partidos políticos en contra tanto de los intereses de las compañías eléctricas como de los ciudadanos, como la nacionalización de las centrales hidroeléctricas al término de la concesión, el descenso de los costes fijos de la factura de la luz o la extensión de la prohibición de corte del suministro más allá del estado de alarma, medidas que minorarían la cuenta de ingresos de las compañías representando una amenaza para su futuro y tejiendo un pozo sin fondo que finalmente pagarán vía deuda pública los ciudadano o perdiendo la extraordinaria calidad en la prestación del servicio que han conseguido las empresas eléctricas en España.
«En el sector energético la colaboración público privada no es sólo una cuestión de eficiencia, es una cuestión de necesidad medioambiental»
Este es un sector en el que la colaboración público privada no es sólo una cuestión de eficiencia, es una cuestión de necesidad medioambiental. La creciente electrificación de la economía bajo criterios de sostenibilidad, de supervivencia me atrevería a decir, crean la necesidad de un cambio de modelo en el patrón energético que hacen imprescindible la confluencia de un sector público que establezca el marco óptimo del mercado así como su supervisión, junto con un sector privado dinámico que canalice las inversiones necesarias y aporte la calidad de gestión que se vuelve vital en un proceso de transformación como el que hay que transitar.
Es por ello que, en un contexto como el actual, las empresas energéticas deben priorizar mantener sus actuales márgenes para así captar los recursos de los mercados, reduciendo para ello sus costes. Precisamente, a corto y medio plazo, la energía nuclear puede ser un aliado para las compañías eléctricas tras el paso de la actual crisis. La caída de ingresos y el recorte que sufrirá el margen obligará a las empresas eléctricas a tomar decisiones importantes para intentar mantener sus actuales niveles de margen. Cabe recordar a este aspecto que el precio de la luz se forma gracias a una subasta, en la que las ofertas más baratas (que vienen de las energías de menor coste, como las renovables, que pueden representar un ahorro en su producción, de acuerdo con el informe Lazard de 2019, de entre el 34% y el 42% si comparamos la energía eólica con la de ciclo combinado y de entre el 10% y el 67% entre la energía solar y la energía obtenida con gas, son aceptadas y se acaban complementando con ofertas más caras (dependientes de combustibles fósiles, como el petróleo) para satisfacer la demanda prevista.
Hay que tener en cuenta que en este punto, es donde se vuelve necesario hacer mención a la energía nuclear, que actualmente tiene un peso de más del 21,2% en 2019 en la producción de energía española, dado que es una fuente de energía basal barata pero que está en vías de extinción: en 2025 comenzará un apagón nuclear que se concretará en 2035 con el cierre de las últimas centrales nucleares activas. Tengamos en cuenta que ante el descenso previsto de ingresos, las inversiones en alternativas a la energía nuclear corren peligro, por lo que se propone que se revise el cierre de las centrales nucleares, concediendo una moratoria de varios años que permita a las compañías eléctricas recuperar, financieramente hablando, el terreno perdido y afrontar con garantías el cambio de modelo productivo energético que se avecina sin prescindir de una fuente de energía barata y que, además, no emite CO2 a la atmósfera.
La crisis actual ha puesto de manifiesto, todavía más, que las energías renovables son el futuro, dado que en abril de 2020 han producido el 47,8% de la energía total, por lo que es seguro que la apuesta por estas energías limpias y baratas se redoblará una vez se haya vuelto a la normalidad. Sin embargo, tal y como se mencionaba anteriormente, es probable que la caída de los resultados de las empresas energéticas ralenticen este proceso, por lo que se propone que, además de la concesión de una moratoria de unos años a la energía nuclear, se pongan en marcha diversas medidas fiscales (menores impuestos o concesión de subvenciones) que favorezcan la inversión en este tipo de energías.
«Un proceso de transición a modelos más sostenibles medioambientalmente hablando exige sostenibilidad económica para afrontarlo»
En Europa se han tomado medidas similares a estas propuestas. Así en Alemania , por ejemplo, se ha aprobado una extensión de los plazos de implementación para la energía eólica y las grandes plantas solares y de biomasa, de forma que los operadores de proyectos que obtuvieron un contrato para la creación de este tipo de plantas antes de marzo de 2020 han recibido seis meses adicionales para construirlas, plazos que probablemente serán ampliados.
En definitiva, el escenario que se presenta para las compañías eléctricas obliga a éstas a realizar un esfuerzo en la reducción de gastos de producción para poder compensar la caída en los ingresos que se prevén por menor consumo y por el desarrollo de un necesario y deseable pacto social que garantice el acceso a la energía de las familias vulnerables que esta dejando esta crisis. Las compañías deben focalizar sus esfuerzos en aumentar la producción de energías baratas, como lo son las renovables por las que sin duda se apostará fuerte, pero que requieren de un marco fiscal más favorable tras la crisis sanitaria, y la energía nuclear, para lo que es necesario ampliar el plazo de cierre de las centrales nucleares que comienza en apenas cinco años y poder acometer las inversiones necesarias para este cambio con mayor facilidad en términos financieros ante la disminución prevista de ingresos. Y lo más importante es tener en cuenta que conceptualmente un proceso de transición a modelos más sostenibles medioambientalmente hablando exige sostenibilidad económica para afrontarlo así como la mejor gestión posible, puntos estos dos últimos en los que la colaboración público privada ha demostrado infinidad de veces no sólo ser la opción optima sino la única posible.
