El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se plantea como una herramienta vital para que nuestra economía coja impulso y como una prueba evidente del compromiso que tiene España con la transición verde, el crecimiento sostenible y la regeneración urbana. De hecho, unos 6.820 millones se destinarán a la política palanca que más afectará al sector de la construcción, el Plan de Rehabilitación de Viviendas y Regeneración Urbana.
Con este recurso se pretende mejorar la eficiencia energética, integrar fuentes de energía renovable y digitalización en las viviendas, así como reactivar el sector de la construcción en su conjunto. En este sentido cabe destacar las condiciones de antigüedad y de conservación del parque español de edificios y viviendas públicas y privadas, lo que aporta gran relevancia a las reformas de carácter integral.
Con esto se deduce que el Plan presenta una fuerte ambición en lo que se refiere a la rehabilitación de edificios y a la renovación urbana, poniendo incluso a los municipios y pueblos españoles en el centro del proceso de reconstrucción.
El papel esencial del sector de la construcción en el Plan
Este Plan debería contribuir a reducir el ritmo de envejecimiento del parque de viviendas, que actualmente es de un 2%, y a incrementar la rehabilitación de edificios, que actualmente afecta solo al 0,12% del parque. Como resultado, aumentaría el valor de los activos inmobiliarios y, con ello, la riqueza de las familias españolas, tan “enladrilladas” desde el punto de vista del ahorro y la inversión.
De esta manera, el reparto de los fondos europeos demuestra el papel esencial que desempeña este sector a la hora de cumplir con los objetivos comunitarios. Y es que la construcción, en general, y la rehabilitación y la reforma, en particular, son agentes esenciales en la economía de España, ya que contribuyen a impulsarla y a encarar con garantías la transición sostenible a la que estamos obligados.
Plan Nacional de Rehabilitación y Reforma para impulsar el mercado
Así pues, debe tenerse en cuenta que las políticas que se diseñen y los agentes que colaboren en el proceso han de poner en el centro a los usuarios finales, sus necesidades, prioridades e inquietudes, ofreciendo modelos que les otorguen las mejores garantías en todos los sentidos y también incentivos.
En este contexto, surgen la necesidad y la urgencia de poner en marcha un Plan Nacional de Rehabilitación y Reforma capaz de gestionar y hacer frente de manera coherente al gran volumen de inversiones que se esperan, y de aprovechar la oportunidad que las ayudas comunitarias brindan al sector. En este escenario, convendría que los agentes del sector se sumaran a la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada; al Plan de Digitalización de las Pymes; a la Nueva Política Industrial España 2030 y a la Estrategia de Economía Circular.
Asimismo, sería positivo que en este Plan Nacional de Rehabilitación tomara valor la cogobernanza entre el Gobierno y las autonomías en beneficio de un modelo eficiente y sin retrasos, gestionado desde las comunidades pero con fácil extrapolación a nivel territorial en materia de vivienda. Así resultaría más sencillo que los particulares y las comunidades de vecinos accedieran a los fondos y a la colaboración público privada para impulsar el mercado de la rehabilitación, que actualmente se encuentra muy por debajo de sus posibilidades.
Otras medidas para el impulso
En paralelo, debe tenerse en cuenta que las medidas fiscales marcan las apuestas de las políticas, a pesar de que las deducciones aportan garantías al usuario, fomentan la competencia entre empresas y trabajadores y mejoran los servicios en cuanto a la calidad que ofrecen a los usuarios y a los particulares.
Además, partiendo de la base de que los incentivos fiscales reducen la competencia desleal y la economía sumergida en el sector, resulta interesante la deducción del IRPF para todo tipo de reformas y su ampliación según sea la eficiencia que se consiga con las obras realizadas. Más aún si se tiene en cuenta que las ayudas podrían variar entre el 20 y el 60% del coste total de la obra dependiendo del ahorro energético que se obtenga, lo que supone un impacto de 450 millones de euros. Estos estímulos fiscales incrementarían el número de obras y, a la vez, beneficiaría al Estado a través de la recaudación por IVA.
Y hablando de IVA, otra medida fiscal con impacto positivo sería la rebaja al 10% del IVA que soportan los materiales de construcción que compran los profesionales.
Pero al margen de las medidas de corte fiscal, lo óptimo sería poner en marcha un Fondo de Garantía para hogares vulnerables, así como líneas de ayuda directa para las reformas en el interior de las viviendas para mejorar sus prestaciones (energético, accesibilidad, salubridad, acústica, seguridad).
Con ello se conseguiría mejorar las condiciones de vida que ofrecen los inmuebles, generar cambios tanto en el lado de la demanda como en el modelo de negocio tradicional del sector, ser más sostenibles y, en definitiva, acelerar la recuperación.
