Como cada 1 de mayo celebramos el Día Internacional de los Trabajadores. Es, probablemente, una de las conmemoraciones más significativas en el mundo por lo que el trabajo representa para la dignidad de las personas.
La Organización Internacional del Trabajo estima que la pandemia ha provocado la pérdida de 255 millones de puestos en el mundo
Resiliencia y transformación son dos de los mantras que en el ámbito laboral se han marcado a fuego durante los últimos doce meses. El teletrabajo, la distancia social, los nuevos protocolos de salud y prevención de riegos que han acompañado la pandemia han cambiado la forma de trabajar y las relaciones laborales y sociales.
Bien lo saben en el sector del agua urbana, uno de esos colectivos esenciales que, desde los primeros día de la pandemia, y a pesar el miedo, se han mantenido al pie del cañón garantizando un servicio esencial que ha amortiguado el impacto de la enfermedad garantizándonos el agua en los grifos de todos los hospitales, residencias y hogares de los ciudadanos en todos los rincones de España.
«un año durísimo para los trabajadores del agua urbana que, pese al miedo a la pandemia, han estado al pie del cañón para garantizar un servicio esencial ”
“Un ejemplo del compromiso y la profesionalidad del conjunto de trabajadores del agua urbana en España con los ciudadanos a los que no les ha faltado el agua un solo día en toda la pandemia”.
Henchido de orgullo hace estas afirmaciones Gustavo Vargas, responsable estatal de agua de FICA-UGT, que analiza para El Ágora el balance de un año “durísimo para los trabajadores del agua urbana que, pese al miedo a la pandemia, han estado al pie del cañón para garantizar un servicio esencial como es el agua potable”
Vargas destaca que “desde el principio entendimos que, más allá de la clasificación de actividad esencial que nos daba el primer Decreto de Alarma allá por marzo de 2020, somos una parte esencial de la sociedad muy necesaria . Supimos que hacíamos falta, no podíamos dejar a nadie sin agua y menos en una situación que afectaba a la salud de todos”.
“ Teníamos miedo, sí, pero ahí estuvimos, y ahora nos sentimos frustrados porque vemos que a nivel de administraciones no se nos ha reconocido esa labor”. Insiste el representante sindical que en ningún momento dejaron de acudir a los servicios “ y eso que la exposición al riesgo de contagio era alta por el trato directo con los clientes, con los ciudadanos para que todo el mundo pudiera tener su agua en el quinto piso, en el cuarto, en las residencias, en los hospitales”.
Y por eso en esta jornada del 1 de mayo, un año después, los sindicatos quieren reconocer a los trabajadores del agua urbana, esenciales, que han afrontado situaciones difíciles, que han demostrado su integridad, su profesionalidad y su compromiso pese a que hoy, no sean reconocidos administrativamente como colectivo prioritario en el Plan de Vacunación de cara a seguir garantizando un servicio público que hace efectivo el Derecho al agua y por ende a la salud.
«No podíamos dejar a nadie sin agua cuando estaba en juego la salud de todos»
Al margen de esta frustración que se traduce en la principal reivindicación de los trabajadores del ciclo del agua urbana en un día como hoy, la pandemia ha dejado importantes lecciones para Vargas.
“Al final, hemos superado todas las dificultades con profesionalidad dando respuesta a todas las averías e incidencias que surgían en el día a día y que han afectado al corazón de la pandemia desde hospitales, residencias, particulares, ahí hemos estado y ahora reclamamos un reconocimiento no con medallas sino que se vea el trabajo de esos 40.000 trabajadores que han logrado hacer la pandemia menos dura”.
La salud del colectivo del agua urbana fue una prioridad absoluta para el conjunto del sector, tanto de empresas, fueran públicas o privadas o mixtas y mano a mano con los trabajadores que fuimos capaces de establecer protocolos de prevención para abordar la contingencia pandémica sin exponer a los operarios, al tiempo que se garantizaba el agua como elemento esencial para la salud de toda la sociedad. Una muestra de la fortaleza y resiliencia de los sistemas de salud y prevención de riesgos laborales del sector, afirma Vargas.
Así, ya el 18 de marzo de 2020, diseñaron un manual de buenas prácticas para que todos los operadores adoptasen una batería de medidas, tanto generales como relativas a la movilidad, la higiene, el control de los posibles casos de COVID-19, la situación en las oficinas de atención al usuario, los servicios mínimos, y medidas específicas para la operación de las plantas potabilizadoras y depuradoras y el mantenimiento de las redes.
Incluso, gracias al compromiso de todo el colectivo de trabajadores, se integró la flexibilidad en las condiciones establecidas en el Convenio Colectivo para las dotaciones de las plantillas y en la movilidad del personal, así como en las facilidades para realizar contrataciones si los recursos humanos se hubieran visto mermados por la pandemia.
Se dotaron de equipos de protección individual (EPIS) para trabajadores de potabilizadoras y laboratorios, y se garantizó el transporte de reactivos imprescindible para el funcionamiento de potabilizadoras y depuradoras.
Para poder realizar las operaciones de reparación y mantenimiento de manera eficiente, el sector habilitó permisos para la circulación en vehículos compartidos cuando los desplazamientos fuesen para acometer misiones, siempre respetando las distancias de seguridad personal.
Se suspendieron todos los cortes de suministro, y las brigadas de mantenimiento y conservación se dedicaron solo a la resolución de incidencias: roturas de tuberías, problemas en redes de saneamiento, etc. Asimismo, se establecieron grupos de personas que permanecieron en aislamiento en sus domicilios, en previsión de que se pudieran producir casos de infección entre la plantilla de los centros; y en los centros de atención telefónica, se redujeron las plantillas operativas simultáneas para rotarlas y asegurar el servicio continuamente, apostándose en todo caso por la digitalización para mantener la adecuada atención a los usuarios sin presencialidad en las oficinas.
Los laboratorios de calidad de agua también dividieron sus plantillas para asegurar el control permanente de la calidad del agua y asegurar que en todo momento se cumplía con los requerimientos normativos para el agua suministrada.
Vargas se reitera en que al final si todo ha funcionado y a nadie se le ha faltado el agua es por el compromiso social y la profesionalidad e integridad el conjunto del sector.
Una lección que deja el colectivo de empleados del sector del agua urbana, unos 40.000 empleados, que ahora reclama el reconocimiento, no solo de la sociedad con esa vacunación tan necesaria, sino de las propias empresas en forma de formación, capacitación y calidad en el empleo, resume Vargas.
En este sentido, reclama que las empresas apuesten por una buena formación que es el garante de la eficiencia y la calidad del servicio de agua urbana que ofrecen y para eso, apela a la formación continua de todos los trabajadores, a la profesionalización evitando el intrusismo y ampliando los plazos de contratación a empresas subrogadas de servicios para que se pueda invertir y rentabilizar la inversión en formación de esos trabajadores. «Porque sin una buena capacitación y cualificación de los empleados no habrá un servicio de agua potable de calidad».
La formación continua de los trabajadores, su constante capacitación y adaptación a las nuevas tecnologías, así como la vocación innovadora del sector del agua urbana, unido a la estabilidad en el empleo que le caracteriza -el 85% de los contratos son indefinidos-, favorecen la baja siniestralidad que presenta su actividad, en palabras de Gustavo Vargas, responsable estatal de agua de FICA-UGT
El sector de los servicios de agua urbana, que utiliza algo menos del 20% del volumen total del agua gestionada en España, representa económicamente el 0,5% del PIB nacional. Emplea a más de 30.000 personas de forma directa, a los que habría que sumar otros 35.000 empleos indirectos por contratación o externalización de trabajos auxiliares.
El empleo del sector del agua urbana es estable, de calidad, cualificado y equitativo. El número de empleos directos en plantilla de los operadores del sector asciende a 32.700, repartidos entre abastecimiento, 66% del total; alcantarillado, 13%; y depuración, 21%. Los contratos fijos del sector se sitúan en el 85%, frente al 74% de la media nacional, y la brecha salarial de género es un 38% inferior a la media española.
En este sentido Vargas insta a las administraciones a mejorar la regulación del sector para dotarle de una mayor estabilidad y homogeneidad que permita a los trabajadores seguir desarrollando su profesionalidad al margen del devenir político en cada municipio o comunidad, «ya que el servicio de agua potable como derecho humano ha de estar por encima de la política».
Aún así la nueva etapa postpandemia que se vislumbra exigirá incorporar cambios, afirma Vargas, «cambios que exigen consenso entre sindicatos, trabajadores y empresas, tanto públicas como privadas para poder dar ese vuelco que nos obliga a dar cada vez un mejor servicio a la sociedad».
Gustavo Vargas, apela además a la necesidad de que como garantes del ejercicio efectivo al Derecho Humano al Agua las administraciones competentes desarrollen el marco necesario para identificar y proteger a los colectivos vulnerables que puedan abonar el coste del servicio, garantizando la asequibilidad para quienes no tengan capacidad de pagarlo, «pero sin generalizar la gratuidad porque el agua no llega sola al grifo y detrás hay un colectivo de profesionales que trabajan para que llegue a todos los hogares.
Nuevo acuerdo de colaboración
La Escuela Internacional de Servicios Públicos (eisp) y la Asociación Española de Empresas Gestoras de los servicios de Agua Urbana (AGA), han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar la formación y el posicionamiento del sector del agua ante la sociedad y las administraciones públicas que ponga en valor el esfuerzo de las empresas para prestar servicios públicos de excelencia.
El convenio marco, rubricado por Jesús Maza -Director General de «eisp»- y Enrique Hernández -Director General de «AGA»-, viene motivado por el gran interés en establecer una alianza del sector urbano del agua con los profesionales de la formación en el ámbito de las empresas de servicios públicos, que facilite la comprensión y comunicación de todos aquellos aspectos relacionados con la gestión del ciclo integral del agua urbana.
Mediante este convenio marco, ambas entidades colaborarán en el desarrollo de programas formativos en el ámbito empresarial, que permitan una mayor profesionalización de cuadros, mandos y directivos.
Tanto «AGA» como «eisp» tienen el convencimiento de que la relación entre las empresas de servicios públicos -como es el caso de las que se dedican al sector del agua urbana- y la sociedad a la que sirven, ha de ser estrecha, poniendo en valor dicho servicio público, así como el trabajo que las empresas han de llevar a cabo para que éste se preste con éxito. En este sentido, el convenio marco recoge el compromiso de realizar acciones externas de divulgación de temas relevantes coyunturales.
